El fallo sobre el I-220A emitido el 17 de noviembre afecta los casos de cubanos en Florida, Georgia y Alabama que buscan la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito concluyó que recibir ese formulario tras una detención migratoria no equivale, por sí solo, al permiso de ingreso temporal conocido como parole. Esa distinción puede ser decisiva para quienes intentan demostrar que cumplen los requisitos de la ley.
El alcance del fallo en tres estados
La jurisdicción del Undécimo Circuito comprende Florida, Georgia y Alabama. Por eso, el precedente no se limita a los expedientes de Florida, aunque allí se concentre buena parte de la atención de la comunidad cubana.
La sentencia tampoco establece una regla vinculante para todos los tribunales federales de Estados Unidos. Sin embargo, vivir fuera de esos tres estados no garantiza que un tribunal interprete el I-220A de otra forma. Según la información del caso, otros circuitos también han distinguido entre la liberación de una persona detenida y el parole migratorio.
El domicilio, además, no determina por sí solo qué autoridad conoce un expediente. Para valorar el efecto del fallo, hay que identificar dónde se tramita el caso y qué decisiones se han dictado.
Qué resolvió el tribunal sobre la residencia
La Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia permanente a determinados ciudadanos o naturales de Cuba que cumplen sus condiciones. Una de ellas exige haber sido inspeccionado y admitido, o haber recibido un permiso de ingreso.
En el caso examinado, el tribunal sostuvo que la liberación bajo la sección 1226 de la legislación migratoria no satisface ese requisito de parole. Por tanto, el I-220A recibido en esas condiciones no basta como prueba de ese permiso para solicitar el ajuste.
La decisión no elimina la Ley de Ajuste Cubano ni significa que todos los titulares de un I-220A serán deportados. Otros documentos, resoluciones o circunstancias pueden cambiar el análisis de un expediente individual.
La familia cubana detrás de la decisión
El proceso comenzó con Yoan Aguiar-Fernández, su esposa Yenisley González-Sanabria y su hija Essined Yoana Aguiar-González. La familia llegó a Estados Unidos por la frontera con México en junio de 2021 y quedó bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
Las autoridades migratorias los liberaron con formularios I-220A. Después solicitaron la residencia por la Ley de Ajuste Cubano, pero un juez de inmigración consideró que aquella liberación no constituía el permiso de ingreso exigido. La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa conclusión.
El tribunal federal rechazó la petición de revisión de la familia. Para otros cubanos con solicitudes pendientes, el punto concreto que debe revisarse es si su expediente incluye algún permiso de ingreso distinto del I-220A.














