Un peculiar delito contó con el protagonismo de varios ciudadanos cubanos quienes ya fueron declarados culpables por un fraude millonario contra el Medicare en Estados Unidos.

Sin embargo, los nacidos en la Isla, fungieron como piezas de un ajedrez que operaban bajo el mando del “Rey y la Reina” de la citada estafa.

Resulta que un jurado de Miami sentenció, inicialmente, a un hombre y una mujer por ser los líderes de la conspiración. Los implicados presentaron facturas superiores a $93 millones de dólares por servicios de terapia a domicilio que jamás se ejecutaron, al menos en la práctica. 

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la culpabilidad de Karel Felipe, residente de Miami Shores y Tamara Quicutis, vecina de Hialeah. Ellos se dedicaban a presentar facturas falsas a Medicare para tres compañías de atención médica domiciliaria localizadas en Michigan.

Cómplices cubanos

Justo aquí entran en juego los cómplices cubanos, reclutados para firmar documentos de inscripción a Medicare. Otro de sus objetivos era “fungir” como los dueños de las agencias de atención médica. De esa forma ocultaban las reales identidades de Felipe y Quicutis, además de “tapar” las estafas de otros tantos involucrados. 

El grupo que ejecutó los fraudes al Medicare empleaba dichas empresas de atención sanitaria para reclamar servicios que nunca se prestaban. ¿Cómo lo hacían? Ellos utilizaron varias listas de identidades de pacientes; evidentemente todas las robaban.

En tanto, los estafadores crearon cientos de empresas fantasmas, al igual que cuentas bancarias para lavar el dinero del fraude al Medicare. Así convertían las ganancias en efectivo que extraían de los cajeros automáticos o de las casas de cambio situadas en Miami. 

Felipe y Quicutis fueron declarados culpables. Los cargos resultaron: conspiración para cometer fraude con la atención médica y fraude electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero. La sentencia se programó para el 4 de enero de 2024 y ambos enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración.