Durante las últimas horas, el debate sobre la emisión de licencias comerciales ha vuelto a ocupar espacio en la vida pública estadounidense. Funcionarios y transportistas comentan con cautela una decisión que podría afectar a conductores en todo el estado y elevar nuevamente la tensión entre autoridades federales y locales.
A partir de información divulgada por el gobierno estatal y recogida por medios nacionales, California confirmó que iniciará la revocación de 17000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes. La decisión se basa en una auditoría estatal que detectó fechas de vencimiento incompatibles con la vigencia real del estatus migratorio reportado al Departamento de Vehículos Motorizados.
Las autoridades justificaron que la ley exige que el permiso de manejo no supere en tiempo la autorización legal para permanecer en Estados Unidos.
Revisión estatal y respuesta a las críticas
El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la medida demuestra que California actuó de manera incorrecta durante años, pese a defender sus procedimientos. Según dijo, la auditoría estatal encontró casos donde las licencias seguían vigentes incluso cuando el permiso laboral del conductor había expirado. Este señalamiento provocó un cruce de declaraciones con la oficina del gobernador Gavin Newsom.
La oficina aseguró que todos los conductores afectados contaban con permisos de trabajo válidos emitidos por el gobierno federal.
La oficina del gobernador explicó que el problema surgió por un detalle técnico en la aplicación de la ley estatal, que exige casar las fechas exactas del permiso de trabajo con el vencimiento de la licencia. El portavoz Brandon Richards calificó como exageradas las declaraciones de Duffy y sostuvo que el secretario intenta convertir un ajuste administrativo en un conflicto político más amplio.
Accidentes recientes y presión federal
El tema cobró mayor relevancia después de varios accidentes fatales registrados en Texas, Alabama y California, en los que participaron camioneros sin autorización migratoria. En uno de los casos, ocurrido en Florida, un conductor realizó un giro ilegal que provocó tres muertes. Estos hechos reactivaron el debate sobre cuánto control deben ejercer los estados al verificar documentos migratorios antes de emitir licencias de gran responsabilidad.
El Departamento de Transporte presiona desde hace meses para que los estados limiten la emisión de licencias a quienes no cuenten con estatus legal pleno. Duffy ya retuvo 40 millones de dólares en fondos federales destinados a California y advirtió que otros 160 millones podrían perderse si el estado no invalida todas las licencias detectadas como irregulares.
Nuevas normas y su impacto en los conductores
Las reglas anunciadas a nivel federal en septiembre restringen drásticamente quiénes podrán obtener una licencia comercial en el futuro. Solo los titulares de visas H-2A, H-2B y E-2 califican bajo el nuevo esquema, y siempre por un máximo de un año. Aunque no se aplicarán retroactivamente, solo 10000 de los 200000 no ciudadanos con licencias comerciales continuarían siendo elegibles en la próxima renovación.
California, por su parte, notificó a los 17000 conductores afectados que sus permisos caducarán en los próximos sesenta días. Esto abre un escenario complejo para trabajadores que dependen de estos documentos para mantenerse económicamente. Asimismo, ahora deberán revisar su situación migratoria y laboral con urgencia.
Pese a la controversia, el gobierno estatal insiste en que el proceso se ajusta a las directrices recibidas del Departamento de Seguridad Nacional y que los cambios buscan evitar discrepancias futuras. Falta por ver si las nuevas reglas federales modificarán la disponibilidad de mano de obra en un sector clave para el transporte de mercancías en todo el país.
