La Fiscalía General de la República de Cuba confirmó la presentación de cargos penales contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación. La información, publicada el 31 de octubre de 2025, pone fin a meses de especulaciones sobre el destino judicial del antiguo responsable de la política económica del país.
El anuncio oficial señala que la investigación fue conducida por los órganos del Ministerio del Interior. Esta concluyó tras un proceso en el que se garantizó el debido proceso y la intervención de la Fiscalía como representante del Estado. Según el comunicado, la causa fue presentada ante el tribunal correspondiente. Esto se cumplió según lo establecido en el artículo 156 de la Constitución de la República.
Amplia acusación penal contra el exministro
La nota de la Fiscalía detalla un extenso grupo de delitos por los cuales se solicita responsabilidad penal. Entre ellos destacan espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, falsificación de documentos públicos y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación. También se incluyen infracciones vinculadas con la manipulación y sustracción de documentos clasificados.
Las autoridades solicitaron sanciones de privación de libertad para los acusados, en correspondencia con la gravedad de los hechos cometidos. Aunque no se precisan las penas exactas, la Fiscalía subraya que su actuación responde a su mandato constitucional de ejercer la acción penal pública y proteger los intereses del Estado.
De la gestión económica a la caída política
Gil Fernández ocupó uno de los cargos más altos del gobierno durante el último quinquenio. Fue designado ministro de Economía y Planificación en 2018 y ascendió a viceprimer ministro en 2019. Durante su mandato impulsó reformas estructurales como la Tarea Ordenamiento. Esta buscaba la unificación monetaria y el reajuste salarial.
Sin embargo, las medidas implementadas bajo su dirección provocaron efectos adversos. Por ejemplo, un fuerte incremento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Su destitución, anunciada en febrero de 2024, estuvo acompañada de una investigación interna por irregularidades administrativas. Además, se mencionaron “graves errores” en su gestión, según había reconocido entonces el propio gobierno.
Un proceso de alto impacto político
El caso de Alejandro Gil marca un precedente dentro de la administración cubana. No solo por la magnitud de los cargos, sino también por el rango del acusado, que hasta hace poco formaba parte del núcleo más cercano al presidente Miguel Díaz-Canel.
Diversos analistas consideran que este proceso representa una advertencia institucional frente a la corrupción. También es una señal de que el gobierno intenta reforzar su control interno en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas.
Por ahora, la Fiscalía no ha revelado cuándo se celebrará el juicio ni cuántos imputados acompañan al exministro en la causa. La presentación del caso ante los tribunales marca, sin embargo, un nuevo capítulo en la relación entre poder político y responsabilidad penal dentro del sistema cubano.
si hacen extensivo ese proceder no alcanzarán las cárceles en cuba para cuadros, funcionarios y directores de empresas en cuba.
A la fiscalia les quedan muchos por encausar.