La legislatura estatal debate un cambio fiscal radical: reducir o suprimir los impuestos a la propiedad. La propuesta apunta a aliviar la carga sobre propietarios, pero genera inquietudes sobre cómo sostener servicios públicos esenciales.
La importancia del impuesto a la propiedad
En Florida, los tributos inmobiliarios financian gobiernos locales y distritos escolares. Sostienen la educación, la seguridad, los bomberos, el mantenimiento urbano y otros servicios. El alza constante de las valoraciones catastrales, unida al encarecimiento general, ha generado protestas entre quienes deben afrontar esas facturas.
Ron DeSantis ha criticado ese impuesto como una “renta perpetua” que obliga a seguir pagando aun después de saldar la hipoteca. En marzo propuso un reembolso de 1.000 USD para propietarios con viviendas principales (“homestead”) y ha abogado por su eliminación progresiva.
“Los impuestos de propiedad efectivamente obligan a los propietarios a pagar alquiler al gobierno”, dijo DeSantis en esa ocasión.
Qué alternativas están sobre la mesa
Los legisladores barajan tres vías principales:
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Eliminar completamente el impuesto inmobiliario, trasladando la carga fiscal a otros impuestos (consumo, gravámenes especializados).
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Reducir drásticamente las tasas vigentes, manteniendo un cobro residual que ayude a sostener servicios locales.
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Exenciones selectivas, dirigidas a jubilados, veteranos, familias de bajos ingresos o primeros compradores, para ofrecer alivio focalizado.
Algunos legisladores han propuesto esquemas más creativos. Por ejemplo, el representante Ryan Chamberlin presentó un plan “Freedom 1,2,3” para eliminar gradualmente el impuesto e introducir tasas de transacción sobre ventas de inmuebles, transporte o turismo.
No obstante, otros miembros del comité han dicho que la idea de suprimirlo por completo no está siendo evaluada en este momento.
Retos para las comunidades locales
El principal obstáculo es la dependencia que muchas municipalidades tienen de ese impuesto. Un informe del Florida Policy Institute estima que eliminarlo habría costado al condado Miami-Dade unos 3.270 millones de USD en 2025. En todo el estado, las pérdidas podrían superar los 50.000 millones.
En algunas zonas, hasta el 70 % de los ingresos locales proviene de ese impuesto. Su desaparición abrupta pondría en riesgo la financiación de escuelas, hospitales, servicios de emergencia y mantenimiento local.
Tensiones políticas internas
En el proceso legislativo surgen fricciones incluso dentro del partido republicano. Algunos legisladores prefieren reducir impuestos sobre las ventas antes que eliminar el inmobiliario.
Con la aprobación de una enmienda constitucional pendiente, cualquier cambio profundo deberá ratificarse en votación popular.
Qué viene ahora
En las próximas semanas habrá audiencias públicas, análisis técnicos y votaciones en comités. Se espera que el tema sea incluido como propuesta de enmienda constitucional en la boleta de noviembre de 2026.
Mientras tanto, grupos ciudadanos, gobiernos locales y asociaciones de propietarios intensificarán sus campañas para influir en el rumbo de la reforma.
