La reciente decisión de un tribunal federal en Estados Unidos volvió a colocar la política migratoria en el centro del debate. El fallo ha generado reacciones encontradas entre organizaciones defensoras, autoridades locales y portavoces del Gobierno federal.
El ambiente político ya era tenso debido a las denuncias sobre detenciones sin causa probable y al incremento de operativos en zonas urbanas. La orden judicial ahora añade un nuevo elemento a una discusión que se extiende desde hace meses.
A partir del miércoles, el juez de distrito Jeffrey Cummings ordenó la liberación bajo fianza de 615 personas arrestadas en Illinois durante la “Operación Midway Blitz”, realizada entre junio y octubre. La información fue confirmada por el National Immigrant Justice Center, que presentó la demanda junto a la ACLU. Según estos grupos, más de 3000 personas fueron detenidas en ese periodo por agentes federales.
Orden judicial y grupos afectados
El fallo establece que los detenidos que no tengan órdenes de detención obligatoria y que no representen una amenaza significativa deben quedar en libertad antes del 21 de noviembre. La medida implica su incorporación al programa Alternatives to Detention con una fianza de 1500 dólares o con monitoreo electrónico.
Los abogados denunciaron que muchos arrestos violaron el acuerdo de conciliación Castañón Nava de 2022, el cual prohíbe detenciones sin causa probable en el área de Chicago. El abogado Mark Fleming aseguró que al menos 1100 personas ya abandonaron voluntariamente el país tras ser detenidas. También explicó que 403 de los 615 casos fueron clasificados por el Gobierno en diferentes niveles de riesgo y que 313 figuran en el nivel más bajo.
Reacciones del Gobierno y tensiones políticas
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó duramente la decisión. Señaló que la orden pone en riesgo la seguridad de la población y acusó al juez de actuar de forma activista. El Gobierno solicitó una suspensión temporal mientras evalúa si presentará una apelación.
Los defensores de los migrantes respondieron que la mayoría de los arrestados no tenía antecedentes criminales. También indicaron que algunos de los detenidos habrían sido trasladados a otros estados, lo que podría complicar la localización de quienes deben ser liberados.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
La orden llega en medio de fuertes cuestionamientos a las tácticas utilizadas por agentes de inmigración, incluidos arrestos en guarderías, centros laborales y paradas de tráfico. Casos como el de la maestra Diana Galeano, detenida dentro de su lugar de trabajo, han generado indignación en Chicago y otras ciudades.
El juez pidió además una nueva lista con las detenciones posteriores al 7 de octubre, que podría sumar más de 3000 personas. Estos casos serán evaluados en una audiencia prevista para el 21 de noviembre.
El proceso continúa abierto y se esperan nuevas definiciones en las próximas semanas, mientras familias, abogados y autoridades locales intentan entender el alcance de la decisión judicial y sus efectos inmediatos.