Un fallo judicial emitido en California vuelve a dar un respiro migratorio a decenas de miles de personas. La decisión revierte una medida adoptada por la administración de Donald Trump y reabre un frente legal clave en materia de inmigración.
El dictamen devuelve, al menos de forma temporal, protecciones contra la deportación y permisos de trabajo a comunidades que llevaban meses en incertidumbre. El impacto se siente con fuerza en estados como Florida, donde reside una parte importante de los beneficiarios.
Decisión judicial que frena las cancelaciones del TPS
La jueza federal de distrito Trina Thompson ordenó a la administración Trump restablecer el Estatus de Protección Temporal para más de 60 mil ciudadanos de Nicaragua, Honduras y Nepal que ya viven en Estados Unidos.
Según el fallo, el Gobierno canceló indebidamente el programa al no cumplir con los procedimientos administrativos exigidos por ley. La magistrada señaló que no se evaluaron de forma adecuada las condiciones reales en los países afectados ni se consultó a otras agencias federales antes de tomar la decisión.
Thompson también rechazó la solicitud del Gobierno de desestimar la demanda. Consideró que existían elementos suficientes para analizar posibles motivaciones discriminatorias en el proceso de cancelación.
“El estado de derecho exige rendición de cuentas cuando el poder ejecutivo se excede en su autoridad”, escribió la jueza en su resolución.
Qué cambia para los beneficiarios en Estados Unidos
La orden judicial implica que, por ahora, los beneficiarios recuperan sus protecciones contra la deportación y sus permisos de trabajo. Esto se mantendrá vigente mientras el Gobierno decide si apela ante el Tribunal del Noveno Circuito.
Entre los protegidos hay miles de residentes del sur de Florida. Muchos llevan décadas en el país, con empleos estables y familias formadas.
Uno de los demandantes es un trabajador de limpieza nicaragüense de 67 años que reside en Miami desde hace casi 30 años. Su caso fue citado como ejemplo del impacto humano de las cancelaciones.
Reacción del Departamento de Seguridad Nacional
La respuesta oficial no se hizo esperar. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó el fallo como “otra orden ilegal y activista del poder judicial federal”.
En una declaración pública, afirmó que el TPS había sido utilizado de forma indebida por administraciones anteriores y reiteró que el programa “nunca fue diseñado para ser permanente”.
“Dada la mejora en la situación de estos países, ahora es el momento adecuado para concluir lo que siempre fue una designación temporal”, sostuvo McLaughlin.
Demandantes y organizaciones celebran el fallo
La demanda fue presentada por la Alianza Nacional del TPS junto a siete ciudadanos de los países afectados. La organización celebró la decisión como una victoria clave.
“Esta victoria da esperanza a más de 60 mil personas que estaban en peligro de deportación”, declaró José Palma, portavoz de la alianza.
Jhony Silva, hondureño de 29 años y uno de los demandantes, aseguró que la orden judicial fue un gran alivio. Explicó que perdió su empleo como auxiliar de enfermería tras la cancelación del programa y tuvo que abandonar sus estudios.
“He vivido en Estados Unidos desde los tres años. Espero que mi hijo y yo podamos estar seguros aquí por el momento”, afirmó.
Un conflicto legal que aún no termina
El fallo se suma a una larga batalla judicial por el futuro del TPS. La jueza ya había emitido una orden similar en julio, pero fue suspendida de forma temporal por el Noveno Circuito.
Mientras tanto, la administración Trump ha avanzado en la cancelación del TPS para otros países, incluidos Venezuela, Haití, Etiopía, Myanmar y Sudán del Sur.
Todo apunta a que el Gobierno apelará esta nueva decisión. Aun así, para miles de familias, el inicio de 2026 llega con un alivio inesperado.
“Sabemos que esta no será la última palabra”, señaló una de las abogadas del caso. “Pero por ahora, es un muy buen comienzo de año”.