Una jueza federal ordenó limitar los operativos electorales del DHS en nueve estados de Estados Unidos por el riesgo de intimidar a ciudadanos antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Araceli Martínez-Olguín dictó la resolución el 21 de octubre. Su decisión preliminar cuestiona las visitas e interrogatorios que agentes federales realizan para investigar posibles registros o votos de personas sin ciudadanía estadounidense. La jueza consideró que esas actuaciones probablemente vulneran las protecciones contra la intimidación electoral de la Ley de Derecho al Voto.
¿Qué operaciones quedan restringidas?
La orden abarca California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. En esos estados, restringe las operaciones de campo relacionadas con las elecciones cuando los agentes sepan o tengan motivos razonables para sospechar que las personas involucradas son ciudadanos estadounidenses. Florida no figura en la lista.
La jueza también limitó las actuaciones basadas únicamente en cotejos de registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, sin comprobaciones adicionales. La resolución no impide investigar posibles delitos electorales; establece límites para determinados métodos de investigación.
Martínez-Olguín suspendió temporalmente la aplicación de su orden hasta las 5:00 p. m. del viernes 23 de octubre, hora del Pacífico. Ese plazo daba al Gobierno federal la oportunidad de solicitar una revisión ante una instancia superior.
Registros bajo cuestionamiento
El caso se centra en las listas utilizadas para identificar a presuntos votantes sin ciudadanía. La jueza advirtió que los cotejos podían señalar por error a ciudadanos estadounidenses y que las visitas de agentes armados podían desalentar la participación electoral. Su evaluación fue preliminar, no una sentencia definitiva sobre todas las investigaciones.
Un funcionario de inmigración declaró ante el tribunal que los posibles casos pasan por una revisión manual antes de llegar a los investigadores. Reconoció un riesgo reducido de identificación errónea, pero sostuvo que existen controles para disminuirlo. Por su parte, el DHS defendió sus investigaciones y afirmó que no planea interrogar a personas que considere ciudadanos estadounidenses.
Ciudadanos naturalizados entre los demandantes
La demanda reúne a organizaciones de enfermería, Voto Latino Foundation y autoridades locales de San Francisco y el condado de Santa Clara. Según documentos presentados al tribunal, algunos miembros naturalizados de los sindicatos demandantes dijeron que ya no se sentían seguros al acudir a actos políticos, trabajar como voluntarios electorales o votar en persona.
Las investigaciones federales también pueden incluir a personas que hoy son ciudadanos naturalizados si existe sospecha de que se registraron o votaron antes de obtener la ciudadanía. La orden se refiere a métodos de investigación en los nueve estados señalados, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
