Nepal atraviesa una de sus peores crisis políticas y sociales en décadas.
El detonante fue la decisión del gobierno de bloquear más de veinte plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube.
La medida se justificó con el argumento de que las compañías no habían cumplido los requisitos de registro ante el Ministerio de Comunicaciones, en el marco de una nueva ley para regular internet.
Sin embargo, la prohibición se interpretó de inmediato como un acto de censura. Millones de ciudadanos en el extranjero dependen de esas aplicaciones para comunicarse con sus familias, y dentro del país las redes funcionan como aulas, espacios de trabajo y medios de expresión para los jóvenes.
El papel de la Generación Z
Lo que comenzó como una protesta contra la censura se transformó rápidamente en un levantamiento juvenil contra la corrupción y el nepotismo. Estudiantes universitarios y colectivos autodenominados “Generación Z” tomaron las calles de Katmandú, Pokhara e Itahari. Sus pancartas mostraban consignas como “Nepo Kids” o “Nepo Babies”, una denuncia al estilo de vida lujoso de los hijos de políticos que contrasta con la falta de oportunidades para la mayoría.
La frustración tiene raíces profundas: desde 2008, cuando se abolió la monarquía, Nepal ha tenido 14 gobiernos sin que ninguno completara un mandato. A esto se suma un desempleo juvenil que ronda el 20 por ciento, más del doble de la media nacional.
Violencia en las calles
La respuesta del Estado fue contundente. La policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real contra los manifestantes. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el uso de fuerza letal y exigieron investigaciones independientes.
Los choques dejaron al menos 22 muertos, según cifras de hospitales de Katmandú, además de cientos de heridos. El aeropuerto internacional fue cerrado temporalmente y edificios gubernamentales, incluido el Parlamento y la sede del Tribunal Supremo, ardieron en llamas tras ser tomados por las multitudes.
La caída del primer ministro
Ante la magnitud de la revuelta, el primer ministro K.P. Sharma Oli presentó su renuncia con efecto inmediato, admitiendo que la situación era insostenible. También dimitió el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, quien declaró que lo hacía por motivos morales tras las muertes en las protestas.
La salida de Oli, lejos de calmar los ánimos, intensificó la sensación de vacío de poder. El ejército asumió temporalmente el control de la seguridad nacional para intentar contener la ola de disturbios.
Una rebelión distinta a las anteriores
Nepal tiene una larga tradición de movimientos de protesta, desde la lucha por la democracia en 1990 hasta las movilizaciones de 2006 que acabaron con la monarquía. Pero esta vez la dinámica es diferente: no existe un liderazgo claro ni una ideología centralizada. Se trata de un movimiento descentralizado, espontáneo y masivo, en el que la juventud exige transparencia, dignidad y rendición de cuentas.
Según expertos, lo inusual es que las manifestaciones no cuestionan la legitimidad electoral, sino a los partidos políticos tradicionales, a los que acusan de haberse convertido en mafias interesadas en el control de sectores económicos estratégicos más que en servir a la ciudadanía.
Lo que viene
El futuro inmediato es incierto. La reversión del bloqueo de las redes sociales y la renuncia del primer ministro podrían abrir un espacio para el diálogo, pero el descontento no desaparecerá si no se abordan las causas estructurales: corrupción, nepotismo y desempleo juvenil.
Los analistas contemplan tres escenarios: una calma temporal sin cambios reales, reformas profundas con mayor participación juvenil en política, o una escalada represiva que prolongue la crisis.
Lo único claro es que la memoria de los jóvenes muertos y el incendio del Parlamento quedarán grabados como símbolos de una generación que ya no acepta la corrupción como norma.