La actualización del sistema tributario cubano vuelve a colocar al ciudadano en el centro de una red de control cada vez más estrecha.
Esta vez no se trata de nuevos impuestos, sino de normas que amplían de forma notable la capacidad del Estado para vigilar, sancionar y cerrar actividades económicas.
El paquete normativo, publicado en la Gaceta Oficial, llega en un momento de fuerte inflación, pérdida del poder adquisitivo y creciente informalidad forzada, donde miles de personas sobreviven con ingresos inestables y altos costos operativos.
Más facultades para la administración tributaria
El Decreto-Ley 107 modifica varios artículos de la Ley del Sistema Tributario y amplía de forma expresa las atribuciones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. A partir de ahora, la ONAT no solo recauda y fiscaliza, sino que refuerza su capacidad para imponer sanciones económicas y no pecuniarias con menos trámites y mayor alcance territorial.
Según explicó Judith Navarro Ricardo, directora jurídica de la ONAT, las modificaciones buscan “ampliar las facultades de la administración tributaria” y cerrar brechas de evasión. En la práctica, estas facultades se traducen en mayor control sobre personas naturales, trabajadores por cuenta propia y actores económicos no estatales.
El NIT como herramienta de trazabilidad total
Uno de los cambios más significativos es la generalización obligatoria del Número de Identificación Tributaria como identificador único en todas las operaciones con trascendencia fiscal.
El NIT deberá aparecer en contratos, facturas, cuentas bancarias, registros contables y cualquier documento económico o legal. Para las personas naturales coincide con el carné de identidad; para las jurídicas, se asigna un código específico.
Este sistema permite el cruce automatizado de información entre entidades y elimina márgenes de anonimato o error. La resolución complementaria otorga 180 días para adaptar sistemas informáticos, tras lo cual el incumplimiento podrá generar sanciones.
Sanciones más altas y menor margen de error
El decreto endurece el régimen de recargos por mora. El límite máximo pasa del 30 al 40 por ciento del importe principal adeudado, en función del tiempo de retraso.
También se actualizan las multas por incumplimiento de pago, que podrán alcanzar hasta el 40 por ciento del monto principal más el recargo. En paralelo, se refuerza el castigo a los incumplimientos formales, como no declarar, no conservar documentos o no actualizar datos.
Estas infracciones se sancionan mediante un sistema de cuotas que puede llegar hasta 100 cuotas, con valores entre 100 y 1000 pesos cada una, según la gravedad. Las cuantías se actualizarán cada año en la Ley del Presupuesto.
Justificar el dinero y el patrimonio
Otro aspecto sensible es la obligación de probar el origen de los fondos. No poder justificar gastos, inversiones o patrimonio puede ser sancionado, incluso sin demostrarse evasión directa. Esta inversión de la carga de la prueba coloca al contribuyente en una posición defensiva permanente frente a la administración.
Cierres, retiro de licencias y ocupación de bienes
El Decreto-Ley 107 amplía las sanciones no pecuniarias. La ONAT puede ordenar cierres temporales o definitivos y retirar licencias para ejercer actividades económicas.
Estas decisiones pueden ser adoptadas directamente por directores municipales y provinciales, sin autorizaciones previas de otros organismos, lo que reduce los plazos y los márgenes de respuesta.
Además, los procedimientos tributarios se equiparan a los confiscatorios administrativos, lo que permite la ocupación y depósito de bienes bajo custodia de la propia ONAT durante los procesos.
Impuestos en divisas y control digital
El paquete legal deja abierta la posibilidad de exigir el pago de determinados tributos en moneda libremente convertible para sectores específicos, una medida especialmente sensible en una economía donde la mayoría de los ingresos se generan en pesos cubanos depreciados.
También se introduce el concepto de domicilio fiscal virtual, que permitirá notificaciones y requerimientos electrónicos, en un país con acceso desigual a internet y limitaciones tecnológicas.
Más control en una economía asfixiada
Aunque las autoridades insisten en que las sanciones no buscan recaudar, el efecto real es un fortalecimiento del control fiscal sobre una población que ya opera bajo presión extrema.
En un contexto de inflación, escasez e informalidad forzada, el nuevo marco legal reduce el margen de error y eleva el costo de cualquier incumplimiento.