El programa Lifeline de la FCC quedó sujeto a una nueva interpretación legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ordena aplicar requisitos migratorios y verificaciones más estrictas a los no ciudadanos que pidan descuentos mensuales de teléfono o internet.
La decisión fue publicada el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y enviada a la Comisión Federal de Comunicaciones, la agencia que administra Lifeline.
Lifeline ofrece subsidios para servicios de telefonía y banda ancha a consumidores de bajos ingresos. El dictamen no elimina el programa, pero cambia la forma en que deberán revisarse las solicitudes de inmigrantes.
El dictamen exige verificar el estatus migratorio
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia concluyó que Lifeline debe cumplir con la ley federal de 1996 sobre responsabilidad personal y oportunidades laborales, conocida por sus siglas en inglés como PRWORA.
Esa interpretación obliga a verificar si un solicitante no ciudadano cumple con los requisitos migratorios antes de recibir el beneficio.
El comunicado oficial indica que, por regla general, los no ciudadanos no podrán inscribirse si no tienen un estatus migratorio calificado y al menos cinco años de presencia en Estados Unidos bajo esa condición.
También se ordena a la FCC aplicar controles adicionales. Hasta ahora, el Departamento de Justicia cuestiona que la inscripción pudiera depender solo de la entrega de un número de Seguro Social.
El descuento cubre teléfono e internet
Lifeline está dirigido a hogares de bajos ingresos que necesitan ayuda para pagar servicios básicos de comunicación. El programa puede aplicarse a telefonía, internet de banda ancha o paquetes que combinen ambos servicios.
La nueva opinión legal afecta sobre todo a solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses. Para ellos, la elegibilidad ya no deberá medirse únicamente por ingresos o por participación en otros programas sociales.
Los cubanos y otros inmigrantes con procesos migratorios abiertos deben revisar su categoría específica antes de solicitar o renovar el beneficio. Tener un número de Seguro Social no equivale, por sí solo, a cumplir los requisitos descritos por el Departamento de Justicia.
La FCC deberá añadir nuevos controles
El presidente de la FCC, Brendan Carr, respaldó la interpretación del Departamento de Justicia y señaló que los subsidios federales deben llegar solo a beneficiarios legales.
El comunicado no fija una fecha de entrada en vigor para los cambios operativos. Sí establece que la FCC debe imponer salvaguardas adicionales para confirmar la elegibilidad antes de aprobar inscripciones en Lifeline.
La medida puede afectar a hogares que ya reciben descuentos o a personas que planeaban solicitar el programa. En esos casos, la revisión dependerá de la regla que aplique la FCC y de los documentos aceptados para probar estatus migratorio.
El dictamen fue publicado el 29 de mayo de 2026 y aparece identificado como comunicado 26-569 del Departamento de Justicia.
