La noticia ha corrido como pólvora en el centro de Florida: cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos en pocos días, dejando a comunidades enteras en vilo. No se trata de un operativo cualquiera, sino de una de las redadas más grandes que se recuerdan en el estado.
Entre el 22 y el 26 de septiembre, agentes federales, estatales y locales actuaron bajo el paraguas del programa 287(g). Este programa permite a gobiernos locales aplicar directamente las leyes migratorias. El despliegue fue tan amplio que involucró a la Patrulla de Carreteras de Florida, la Guardia Nacional estatal, la CBP y las oficinas del sheriff de varios condados.
Los números detrás de la operación
ICE bautizó la redada como “Midway Blitz”. Según confirmó el director interino de la agencia, Marcos Charles, fueron arrestados más de 400 inmigrantes. De ellos, entre un 50 y un 60 por ciento tenía antecedentes criminales. Charles aseguró a AP que la operación no tiene fecha de cierre y continuará “hasta que se considere un éxito”.
Desde enero, Florida ha pasado de tener un número limitado de convenios 287(g) a contar con 327 acuerdos activos. Esto representa un aumento del 577 %, lo que convierte al estado en el epicentro de esta política federal.
Quiénes cayeron en la redada
Los arrestos se centraron en personas con órdenes de deportación vigentes, delitos graves o consideradas una amenaza para la seguridad pública. Entre los detenidos, ICE mencionó a Walther Ramiro Hernández-Ortiz, hondureño de 18 años, acusado de abuso sexual a menores; a Juan Carlos Hernández-Reyes, mexicano de 48 años con historial de violencia doméstica; y a Edgar Rivera-Salinas, también mexicano, con antecedentes por robo y posesión de marihuana.
Otros casos incluyeron cargos de violencia doméstica, infracciones de tránsito y conducción bajo los efectos del alcohol. En todos, la agencia dejó claro que se trataba de personas con “riesgo para la comunidad”.
La tensión en las calles
El mismo día en que se hicieron públicos los arrestos, manifestantes se congregaron frente a un centro de procesamiento en Florida. La protesta fue reprimida con fuerza. Esto aumentó el clima de temor entre las familias inmigrantes que temen ser las próximas en ser tocadas por la puerta.
En ciudades como Orlando, Kissimmee y Lakeland, el golpe se siente de manera directa. Niños con padres detenidos, familias separadas y una sensación de desconfianza hacia las autoridades locales que ahora colaboran activamente con ICE.
Las voces oficiales y las críticas
“Los días en que se permitía a los inmigrantes indocumentados ignorar nuestras leyes y poner en riesgo a nuestras comunidades han terminado”, afirmó Garrett Ripa, director adjunto de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Miami. Para las autoridades, el operativo es un modelo de coordinación nacional.
Pero organizaciones pro inmigrantes insisten en que estas acciones generan miedo y destruyen familias, afectando a quienes llevan años trabajando en sectores clave como la construcción, la agricultura o los servicios.
Un tema que seguirá en campaña
El operativo se da en pleno auge del debate migratorio rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Florida se ha convertido en un laboratorio de una política que combina mano dura con convenios locales. Mientras tanto, la comunidad inmigrante se organiza para ofrecer apoyo legal y emocional a los afectados.
Lo que está claro es que, lejos de terminar, estas redadas apenas comienzan, y el impacto social apenas empieza a sentirse en las calles del estado.
