La Administración del presidente Donald Trump despidió el lunes a ocho jueces de inmigración en Nueva York. Las destituciones ocurrieron en el 26 Federal Plaza, sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en medio de un esfuerzo del Gobierno por acelerar las deportaciones.
Según reportes de The New York Times, estos despidos forman parte de una reorganización que afecta a tribunales de inmigración en todo el país. Entre los cesados se encuentra Amiena A. Khan, supervisora adjunta del tribunal, que integra un cuerpo de 34 jueces.
Representantes sindicales señalan que, durante este año, alrededor de 90 jueces han sido destituidos en Estados Unidos. De ellos, 36 ya fueron reemplazados, incluidos dos en la propia ciudad de Nueva York. Este movimiento dejó una reducción notable de personal en uno de los distritos con mayor carga de trabajo del país.
Sindicatos y exjueces denuncian presión interna
Diversas organizaciones sindicales y antiguos jueces consideran que los despidos apuntan a funcionarios vistos como demasiado flexibles en sus decisiones. Explican que esta selección puede generar un ambiente de temor entre quienes aún ocupan sus cargos.
“Todos los jueces están ahora especulando sobre quiénes serán los siguientes y el impacto que eso pueda tener en su capacidad de permanecer imparciales y hacer su trabajo de manera justa”, afirmó Carmen María Rey Caldas, exjueza despedida en agosto.
Las declaraciones elevan el debate sobre la independencia de los tribunales de inmigración, un sistema ya saturado por casos pendientes y por los continuos cambios impuestos desde Washington.
Manifestaciones en medio de nuevas tensiones migratorias
Los despidos coincidieron con una protesta en Bajo Manhattan, donde casi 200 personas se reunieron para intentar impedir una posible redada del ICE. Los manifestantes denunciaron el aumento de operativos y exigieron mayor protección para las comunidades inmigrantes.
El clima en la ciudad refleja la intensificación de las políticas migratorias del Gobierno. Trump ha cuestionado de forma reiterada las llamadas políticas santuario, que limitan la cooperación entre autoridades locales y el Gobierno federal en materia de inmigración.
Nueva York se encuentra entre las principales ciudades que mantienen este tipo de normativas, un punto que ha generado constantes choques entre líderes locales y la Casa Blanca.
Un giro hacia jueces más estrictos
Fuentes cercanas al proceso aseguran que el presidente busca reemplazar a los funcionarios cesados por perfiles más alineados con sus prioridades migratorias. Según esas mismas fuentes, la intención es acelerar decisiones de deportación y endurecer el análisis de solicitudes de asilo, un área donde se esperan más restricciones.
Las próximas semanas serán decisivas para conocer cómo se reorganizarán los tribunales y qué impacto tendrá esta medida en los miles de casos pendientes en la ciudad.