En Cuba, los tribunales siguen imponiendo duras sanciones por delitos relacionados con la producción de alimentos, un sector que las autoridades consideran esencial para la economía nacional.
Sin embargo, la severidad de las penas contrasta. Existe una difícil realidad en el campo cubano, donde la falta de recursos, los bajos salarios y el alza de los precios empujan a muchos trabajadores a cometer actos desesperados.
El Tribunal Municipal Popular de Abreus, en la provincia de Cienfuegos, sancionó a un ciudadano identificado como Javier Santana Rodríguez a un año de trabajo correccional con internamiento por el delito de hurto. Esto, según informó el periódico oficial 5 de Septiembre. El fallo lo declaró culpable de haber sustraído cinco quintales de papas —unos 230 kilogramos—. Estas papas provenían de los sembrados de la Unidad Empresarial de Base Carmelina, en la localidad de Horquita.
Juicio “ejemplarizante” en Abreus
Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2025, alrededor de las dos de la tarde. En ese momento, el acusado fue sorprendido transportando el producto en un carro de tracción animal perteneciente a su padre. Las autoridades recuperaron los cinco quintales de papas, valorados en 6020 pesos cubanos. Esto evitó pérdidas económicas a la empresa estatal.
A pesar de ello, el tribunal impuso la sanción completa y añadió medidas accesorias: privación del derecho al voto, prohibición de ocupar cargos de dirección, restricción de salida del país hasta cumplir la sanción y veto de entrada a la empresa afectada.
Un reflejo de la crisis del campo cubano
El caso fue presentado por la prensa oficial como una muestra de “disciplina social”, pero ocurre en medio de un contexto de crisis agrícola generalizada. En Cuba, los campesinos enfrentan escasez de fertilizantes, combustibles e insumos básicos. Un quintal de papas cuesta más de 1000 pesos cubanos para el estado. Mientras tanto, el salario medio nacional apenas alcanza los 6500, insuficiente para cubrir los gastos esenciales.
Estos factores han impulsado un aumento de los robos agrícolas, especialmente en zonas rurales. Allí, la población sobrevive con ingresos muy por debajo del costo real de vida.
Castigos severos sin soluciones de fondo
El gobierno cubano sostiene que las sanciones penales buscan proteger la producción nacional. No obstante, especialistas consideran que castigar a pequeños infractores no resuelve los problemas estructurales del agro.
En territorios como Abreus, catalogado como polo productivo, las sentencias “ejemplarizantes” contrastan con la ineficiencia estatal, la pérdida de cosechas y la falta de incentivos para quienes trabajan la tierra.
Así, cada nuevo juicio muestra de que la raíz del problema no está solo en los campos, sino en la gestión económica que los mantiene improductivos.