EE.UU. impondrá tarifa de 1.000 dólares para beneficiarios de parole, pero ¿los cubanos quedan exentos? Más detalles de inmediato. A partir del 16 de octubre de 2025, entrará en vigor una nueva disposición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), encabezado por Kristi Noem, que establece una tarifa obligatoria de 1.000 dólares para las personas que reciban un parole migratorio.
Esta medida, publicada en el Registro Federal, forma parte de la ley HR-1, conocida como The One Big Beautiful Bill Act, impulsada por el presidente Donald Trump para financiar los programas de control fronterizo sin depender del presupuesto estatal.
De acuerdo con la normativa, el pago deberá realizarse una vez que el parole haya sido aprobado, no al momento de presentar la solicitud.
Sin embargo, el abono de esta tarifa no garantiza su concesión, ya que el otorgamiento del parole sigue siendo una decisión discrecional del Departamento de Seguridad Nacional.
La medida también prevé que el monto pueda ajustarse anualmente según la inflación, siguiendo el índice de precios al consumidor (CPI-U).
Aunque la nueva tarifa genera preocupación entre migrantes y solicitantes de parole humanitario, el texto oficial aclara que los cubanos y haitianos están exentos del pago, según lo establecido en la sección 501(e) de la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados de 1980.
Dicha disposición define como “entrantes cubanos y haitianos” a las personas nacidas en Cuba o Haití que hayan sido admitidas en Estados Unidos bajo parole y no tengan una orden de deportación vigente.
Esto significa que los cubanos que ya recibieron parole, así como los que lo soliciten después del 16 de octubre, no estarán obligados a pagar la tarifa, según un análisis jurídico del medio independiente el Toque.
No obstante, la excepción no se aplica automáticamente a sus familiares extranjeros —como cónyuges o hijos— que busquen ingresar mediante un parole familiar. En esos casos, solo el ciudadano cubano estaría exento del pago.
La medida refuerza la política migratoria restrictiva impulsada por el gobierno de Trump, pero al mismo tiempo preserva las protecciones históricas que benefician a los cubanos bajo el parole humanitario y la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966.