El alquiler de viviendas en Cuba podría experimentar un cambio estructural si se aprueba el Anteproyecto de Ley General de la Vivienda, actualmente en consulta popular hasta el 28 de febrero de 2026.
La propuesta apuesta por incrementar la proporción de inmuebles en régimen de arrendamiento como alternativa real a la propiedad, en un contexto donde no todas las familias pueden —ni desean— comprar una casa.
El anteproyecto parte de una premisa clara: el acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente de la compraventa.
El alquiler ofrece flexibilidad para cambiar de ubicación, menor inversión inicial y soluciones temporales para jóvenes, estudiantes o familias que están construyendo su hogar. También se presenta como una alternativa viable para personas mayores que prefieren no asumir los costes y responsabilidades de la propiedad.
Uno de los ejes centrales de la reforma es aumentar la oferta de viviendas en alquiler. Para ello, se busca incentivar que más propietarios pongan sus inmuebles en arrendamiento, dentro de un marco regulatorio más definido.
Actualmente, el alquiler en Cuba opera bajo normativas específicas y requiere autorización previa de la Dirección Municipal de Trabajo. Con la nueva ley, se pretende reforzar la seguridad jurídica tanto para arrendadores como para inquilinos.
El texto también propone regular el subarrendamiento, ampliando las opciones dentro del mercado inmobiliario y ofreciendo mayor claridad legal. Esta medida podría dinamizar el sector y formalizar prácticas que ya existen de facto en algunas zonas del país.
En cuanto a las modalidades, el anteproyecto contempla tres fórmulas principales. El arrendamiento entre personas naturales, con precio libremente concertado; el arrendamiento a personas jurídicas, orientado al alojamiento turístico o empresarial; y el arrendamiento de viviendas pertenecientes al fondo estatal.
Este último punto es clave, ya que el Estado podría desempeñar un papel más activo como oferente de alquileres.
Los beneficios esperados incluyen mayor movilidad habitacional, dinamización del mercado inmobiliario y generación de ingresos adicionales para propietarios. También abriría oportunidades para quienes no pueden acceder a la compra por falta de recursos o limitaciones financieras.
Ahora bien, el éxito de la reforma dependerá de cómo se implementen los incentivos y de la confianza que genere el nuevo marco legal. Sin seguridad jurídica real, difícilmente aumentará la oferta. Si el Estado logra equilibrar regulación y estímulo económico, el alquiler podría convertirse en un pilar más sólido dentro del sistema de vivienda en Cuba.
Los ciudadanos pueden participar en la consulta popular enviando sus opiniones al correo [email protected] hasta el 28 de febrero de 2026. El debate está abierto y definirá cómo será el futuro del alquiler en la isla.