Se estrecha el cerco para los negocios y empresas que desde Miami tienen vínculos con Cuba. Se refuerzan los controles y se revisarán negocios con posibles vínculos al gobierno. Ya se creó la comisión que investigará al respecto.
La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad la creación de un equipo de trabajo especial encargado de revisar las licencias comerciales de negocios que mantengan posibles vínculos con el régimen cubano.
La medida, que entrará en vigor en los próximos 10 días, busca reforzar el cumplimiento de las leyes federales de sanciones y evitar que empresas locales operen de manera irregular con entidades controladas por La Habana.
A diferencia de iniciativas similares adoptadas recientemente en Hialeah, el equipo de trabajo de Miami estará integrado por empleados de la ciudad y personal de la oficina del Recaudador de Impuestos del condado Miami-Dade.
Esta coordinación permitirá una revisión más detallada de las conexiones financieras, administrativas y operativas de los negocios que operan dentro de la ciudad.
El comisionado de Miami por el Distrito 4, Ralph Rosado, afirmó que la aprobación de esta propuesta envía un mensaje claro sobre la postura de la ciudad.
Según explicó, Miami no mirará hacia otro lado cuando se trate del cumplimiento de las sanciones federales relacionadas con Cuba. No obstante, las autoridades aclararon que no se trata de una acción inmediata contra los comercios, sino de un proceso de verificación y análisis caso por caso.
Por su parte, el comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, detalló que se aprobaron dos resoluciones clave. La primera solicita al Departamento de Justicia de Estados Unidos revisar los negocios de la ciudad para confirmar que quienes mantienen relaciones comerciales con Cuba cumplen con todas las regulaciones vigentes.
La segunda resolución autoriza al Recaudador de Impuestos de Miami-Dade a realizar auditorías exhaustivas a empresas con vínculos con entidades cubanas.
El recaudador de Impuestos del condado, Dariel Fernández, señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de priorizar a los residentes de Miami-Dade y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese contexto, recordó que en el condado ya se han revocado licencias a negocios que no lograron justificar la legalidad de sus operaciones con Cuba.
De encontrarse irregularidades, el equipo de trabajo podrá remitir los casos a las autoridades federales correspondientes o recomendar a la ciudad la suspensión o revocación de licencias comerciales. Además, se estableció que si el Recaudador de Impuestos revoca una licencia a nivel condal, la ciudad de Miami hará lo mismo automáticamente.
Los comisionados coincidieron en que muchos residentes del sur de Florida huyeron del régimen cubano y consideran inaceptable que desde Estados Unidos se financie indirectamente a esa dictadura. Con esta medida, Miami se suma a una línea de acción más estricta frente a los negocios con nexos con Cuba, reforzando su postura política y legal en torno al tema.