El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este fin de semana las crecientes quejas de la población, especialmente en La Habana, ante la acumulación de basura en las calles, los apagones prolongados y la falta de agua potable. Durante una reunión con autoridades capitalinas, el mandatario señaló que los reclamos son “legítimos”, pero insistió en que deben canalizarse únicamente a través de las instituciones oficiales: el Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y el Estado.
Al mismo tiempo, advirtió que “nadie está autorizado a cerrar una vía pública”, en alusión a los bloqueos espontáneos que han ocurrido en barrios de la capital y en otras regiones del país.
Díaz-Canel, acompañado por el primer ministro Manuel Marrero, reconoció que los problemas son de gran envergadura y que no se resolverán en el corto plazo.
Subrayó que la crisis energética y la precariedad en el suministro de agua afectan tanto a La Habana como a las provincias, aunque el impacto es más visible en la capital, donde más de 248.000 personas carecen de acceso a agua corriente.
Según estimaciones oficiales, esta cifra representa más del 10 % de la población habanera.
La situación se ha deteriorado a lo largo de los últimos cinco años, en los que la economía cubana ha perdido un 11 % de su PIB, con un marcado descenso del poder adquisitivo y una fuerte escasez de bienes básicos como alimentos, medicinas y combustible.
La crisis energética, agravada en 2024, provoca apagones diarios que en la capital rondan las diez horas y superan las veinte en otras provincias. Estos cortes interrumpen el bombeo de agua y dañan equipos por las variaciones de voltaje, multiplicando las dificultades de la vida cotidiana.
Otro de los reclamos recurrentes es la recolección de basura, paralizada en gran medida por la falta de combustible y el deterioro de los camiones recolectores.
Los desechos acumulados se han convertido en un riesgo sanitario reconocido incluso por el Ministerio de Salud Pública.
Ante este panorama, el Gobierno anunció medidas adicionales para controlar el consumo eléctrico en el sector privado, incluyendo el cierre de establecimientos que excedan su cuota, lo que genera preocupación sobre nuevas restricciones económicas.