Las empresas privadas en Cuba podrán tener más de 100 trabajadores y operar bajo una nueva figura jurídica autorizada por el Decreto Ley 133.
La disposición amplía el espacio reconocido al sector privado desde la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas en 2021. La norma fue publicada por el Consejo de Estado en la Gaceta Oficial y entrará en vigor siete días después de su publicación.
El cambio forma parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio. El paquete también alcanza a cooperativas, trabajadores por cuenta propia, servicios educativos y arrendadores de inmuebles.
Facultades de las nuevas empresas privadas en Cuba
Las sociedades podrán constituirse como sociedades de responsabilidad limitada cuando tengan varios propietarios. Si existe un solo titular, podrán adoptar la modalidad de sociedad unipersonal de responsabilidad limitada.
Estas compañías estarán autorizadas a abrir establecimientos fuera de la provincia donde se encuentren registradas. También podrán determinar los salarios de sus empleados y fijar precios, aunque deberán respetar los límites establecidos por el Gobierno.
La reforma contempla la importación y exportación directa, pero estas operaciones necesitarán autorización del Ministerio de Comercio Exterior. Las empresas también podrán asociarse con capital extranjero bajo las condiciones impuestas por las autoridades cubanas.
Los movimientos financieros tendrán que realizarse mediante cuentas bancarias. Como regla general, las ventas deberán efectuarse en pesos cubanos.
Antes de recibir la autorización, los socios depositarán el capital inicial en una cuenta transitoria. Además, tendrán que demostrar la procedencia lícita de esos fondos.
Quiénes podrán crear las nuevas sociedades
Podrán figurar como propietarios los ciudadanos cubanos residentes dentro o fuera de la isla. La norma también incluye a extranjeros que residan en Cuba.
Quedarán excluidos los funcionarios y dirigentes del Estado y del Gobierno. Tampoco podrán participar personas con deudas pendientes o condenas por delitos incompatibles con la actividad empresarial.
Las compañías deberán asumir una “responsabilidad social” con la comunidad. La información divulgada no precisa cómo se evaluará ese requisito ni cuáles serán sus mecanismos de cumplimiento.
Las cooperativas recibirán algunas facultades similares. Podrán ampliar su presencia territorial y acceder directamente a operaciones de comercio exterior, siempre que cuenten con autorización estatal.
Cambios para autónomos, educación y alquileres
La reforma modifica además las condiciones del trabajo por cuenta propia. La colaboración de familiares solo podrá ocurrir de manera puntual, mientras los titulares podrán permanecer hasta tres meses anuales en el extranjero sin perder la licencia.
Cuando un trabajador por cuenta propia contrate empleados, deberá pagar los salarios mediante canales bancarios. Esta obligación refuerza el control financiero sobre las relaciones laborales privadas.
La Resolución 30/2026 autoriza casas privadas dedicadas al cuidado infantil. Las cuidadoras deberán aprobar previamente un curso de capacitación.
También se permitirán clases privadas de idiomas y clases particulares. Quienes enseñen idiomas tendrán que acreditar como mínimo un nivel B1.
Los docentes del sistema público podrán ofrecer repasos fuera de su horario laboral. Sin embargo, no podrán emitir títulos ni utilizar instalaciones o libros oficiales.
Estos profesores deberán brindar clases gratuitas a menores vulnerables de su comunidad. La regulación no elimina sus obligaciones dentro del sistema estatal de educación.
En materia inmobiliaria, los propietarios podrán arrendar locales y viviendas a las nuevas empresas privadas y a cooperativas. Los arrendadores deberán conservar durante cinco años el registro de quienes pernocten en el inmueble.
Cuando los huéspedes sean cubanos residentes en el exterior o ciudadanos extranjeros, sus datos deberán comunicarse al Ministerio del Interior.
