La Corte Suprema revisa las restricciones de Trump a la ciudadanía por nacimiento en un caso que podría redefinir la 14ª Enmienda, según medios de prensa locales. Más detalles de inmediato. La Corte Suprema de Estados Unidos analizó esta semana, en una reunión privada, la apelación del presidente Donald Trump sobre las restricciones a la ciudadanía por nacimiento, una de las políticas más controvertidas de su mandato.
La orden ejecutiva, firmada el primer día de su segundo periodo en la Casa Blanca, establece que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal no serían considerados ciudadanos.
Hasta ahora, todos los tribunales inferiores han bloqueado esta orden al considerarla inconstitucional o presumiblemente inconstitucional.
Ninguna de las restricciones ha entrado en vigor, pero la decisión del máximo tribunal podría cambiar el panorama jurídico.
Si la Corte acepta escuchar el caso, los argumentos se presentarían a inicios del próximo año y un fallo definitivo podría llegar hacia mediados del 2026.
Esta política forma parte de la estrategia más amplia del gobierno de Trump para endurecer la aplicación de leyes migratorias, junto con acciones como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones aceleradas y operativos masivos en ciudades como Los Ángeles.
Sin embargo, el tribunal ha emitido señales mixtas sobre estas medidas, frenando algunas y permitiendo otras parcialmente.
La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento toca uno de los pilares de la Constitución estadounidense: la 14ª Enmienda, que desde hace más de 125 años garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, salvo excepciones específicas. Los tribunales inferiores han sostenido que la orden de Trump contradice directamente este principio.
El gobierno, no obstante, argumenta que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y por tanto no deberían recibir automáticamente la ciudadanía.
El procurador general D. John Sauer insistió ante la Corte Suprema en que las decisiones previas “socavan la seguridad fronteriza” y otorgan un privilegio sin sustento legal.
Por otro lado, organizaciones como la ACLU han solicitado al tribunal rechazar la apelación, afirmando que los argumentos del gobierno son débiles y que la medida pondría en riesgo a cientos de miles de familias.
A pesar de que la Corte Suprema limitó recientemente el uso de medidas cautelares a nivel nacional, no descartó la existencia de otras herramientas legales con efectos amplios, como demandas colectivas o litigios estatales.
La decisión que adopte ahora será crucial para definir el futuro de la ciudadanía por nacimiento y podría influir en el rumbo de la política migratoria estadounidense.