Cuba iniciará en el primer trimestre de 2026 uno de los procesos de reorganización del Estado más relevantes de las últimas décadas, tras la entrada en vigor del Decreto 140/2025, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 99 del 29 de diciembre de 2025. La normativa establece un proceso definitivo de descentralización que busca fortalecer la autonomía municipal y redefinir la relación entre el gobierno central y los territorios.
De acuerdo con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, la descentralización consiste en la transferencia gradual de competencias, funciones, responsabilidades y recursos desde los organismos de la Administración Central del Estado hacia los municipios y, de forma excepcional, a las provincias.
El objetivo central es implementar de manera efectiva la autonomía municipal, promoviendo un desarrollo integral, armónico y sostenible en todo el país.
Uno de los elementos más relevantes del proceso es que la transferencia de funciones debe ir acompañada obligatoriamente de las estructuras administrativas, los trabajadores y los recursos financieros y materiales necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos.
Esto implica que los gobiernos locales asumirán mayores responsabilidades, pero también contarán con mayor capacidad operativa para gestionar sus propios asuntos.
La implementación del proceso no será uniforme ni inmediata. El decreto establece principios como la gradualidad, la flexibilidad y la heterogeneidad, permitiendo que cada territorio adapte la descentralización a sus condiciones económicas, sociales y administrativas.
Un principio clave es el de subsidiaridad, que reconoce que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano posible al ciudadano, siempre que no correspondan al ámbito del gobierno central.
El marco legal subraya además que este proceso es definitivo e irreversible. Una vez concluida la descentralización, las competencias transferidas no podrán revertirse, lo que convierte la reforma en una obligación permanente para los órganos del Estado.
No obstante, el decreto delimita claramente las áreas que permanecerán bajo control central, como la defensa y seguridad nacional, las relaciones exteriores, la política monetaria y financiera, las telecomunicaciones, el ordenamiento territorial, los recursos naturales estratégicos y la infraestructura de interés nacional.
Para conducir este proceso, se creó una comisión temporal nacional, presidida por un vice primer ministro, encargada de coordinar, supervisar y garantizar el cumplimiento de la descentralización.