El gobierno de Miguel Díaz-Canel implementó nuevas restricciones energéticas a los negociantes privados y Mipymes en Cuba tras un reciente decreto publicado en la Gaceta.

El gobierno cubano implementó un nuevo decreto, publicado recientemente en la Gaceta Oficial, que establece medidas para afrontar la crisis energética que atraviesa el país y va directo contra los privados en su mayoría.

Según lo dispuesto, a partir de 2028, las empresas privadas y extranjeras catalogadas como grandes consumidoras estarán obligadas a generar el 50 % de la energía que utilizan durante las horas de mayor demanda.

Estas disposiciones no solo afectan al sector privado y foráneo, sino que también se extienden a trabajadores autónomos, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas estatales y cooperativas que consuman un promedio mensual igual o superior a 30 megavatios hora o 50.000 litros de combustible.

La medida busca aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional, que ha enfrentado continuas dificultades para satisfacer la demanda debido a la insuficiencia en la generación y el deterioro de la infraestructura.

Restricciones a privados y Mipymes con la energía

Entre las restricciones adicionales, el decreto prohíbe el uso de aires acondicionados configurados a temperaturas inferiores a 24 grados Celsius en cualquier establecimiento, ya sea estatal o privado, independientemente de su nivel de consumo energético.

Esta regulación afecta a una amplia gama de sectores comerciales y administrativos, obligándolos a adoptar prácticas más estrictas en el uso de recursos energéticos.

El incumplimiento de estas normativas conllevará sanciones significativas, con multas que ascienden a 15.000 pesos cubanos (aproximadamente 625 dólares al cambio oficial para empresas).

Además, el decreto otorga al gobierno la facultad de implementar un “régimen especial de contingencia eléctrica” en caso de que la generación de energía no logre cubrir la demanda, lo que podría resultar en restricciones adicionales o cortes de suministro.

Esta medida ha suscitado inquietudes entre los sectores afectados, que deberán realizar inversiones considerables para cumplir con las nuevas exigencias, especialmente en la instalación de fuentes de energía alternativa.

En un panorama donde los recursos son limitados, muchos observadores cuestionan la viabilidad de la implementación de estas normativas y sus posibles repercusiones económicas y sociales.

El documento establece que estas normas son necesarias tanto «durante los períodos de estabilidad del sistema electroenergético nacional como en caso de declararse un régimen de contingencia eléctrica».

Asimismo, detalla las medidas aplicables ante las violaciones detectadas, así como la integración y el funcionamiento de los consejos energéticos. En este contexto, también se dispuso la derogación de la Resolución 124 de 2019.