La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos anunció una nueva regla federal que cambiará de forma significativa el acceso al crédito para miles de emprendedores inmigrantes. A partir del 1 de marzo, los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de “green card”, ya no podrán solicitar préstamos respaldados por la SBA, una medida que ha generado preocupación entre pequeños empresarios y organizaciones defensoras del emprendimiento.
La decisión forma parte de una política del gobierno de Donald Trump que limita estos préstamos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses.
Según la SBA, el objetivo es priorizar el crecimiento económico y la creación de empleo para ciudadanos del país.
Sin embargo, críticos advierten que esta restricción podría tener efectos negativos en la economía local y nacional, especialmente en comunidades donde los inmigrantes juegan un papel clave en la creación de negocios.
Los préstamos de la SBA no son otorgados directamente por el gobierno, sino por bancos y entidades privadas, con el respaldo federal que reduce el riesgo para los prestamistas.
Este respaldo permite ofrecer tasas de interés más bajas, plazos más largos y condiciones más flexibles, lo que los convierte en una opción atractiva para pequeños empresarios que no califican para préstamos tradicionales.
Organizaciones como Small Business Majority señalaron que la nueva regla limitará el crecimiento de pequeñas empresas y la generación de empleos en todo el país. De acuerdo con su director ejecutivo, los inmigrantes tienen el doble de probabilidades de iniciar un negocio en comparación con los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, por lo que excluirlos del acceso a estos créditos podría frenar la innovación y el desarrollo económico.
Esta medida se suma a otros cambios recientes implementados por la SBA. El año pasado, la agencia endureció los requisitos de propiedad, exigiendo que las empresas solicitantes fueran 100% propiedad de ciudadanos estadounidenses, nacionales o residentes permanentes legales, elevando el umbral anterior del 51%. Aunque en diciembre se permitió que hasta un 5% de la empresa fuera propiedad extranjera, la nueva política anula esa flexibilización y excluye también a los residentes permanentes.
Para muchos emprendedores inmigrantes, esta decisión representa un nuevo obstáculo en un contexto ya complejo, marcado por restricciones migratorias y mayores exigencias regulatorias. La medida podría redefinir el panorama del emprendimiento inmigrante en Estados Unidos durante los próximos años.