La justicia de Cuba impuso penas de prisión de 20 a 30 años a varios nacionales y extranjeros involucrados en un caso de narcotráfico internacional, según reportó la televisión estatal. Los 15 acusados, cuyas identidades no se divulgaron, fueron condenados por los delitos de tráfico internacional de drogas, resistencia, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros cargos.

En un juicio oral y público, el tribunal provincial de la provincia oriental de Santiago de Cuba declaró culpables a un cubano residente en el exterior – principal responsable de la operación-, y otros compatriotas y foráneos que fueron sorprendidos por las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) de la isla.

El fiscal solicitó las penas máximas al considerar la gravedad del hecho y la intención del líder de la operación, de introducir los narcóticos en el país por las costas del municipio de Guamá, además de intentar establecer una base logística para futuros desembarcos de droga.

Prisión para traficantes de droga en Cuba 

Según el reporte oficial, la acción rápida de las unidades antidrogas de varias provincias del país permitió desmantelar una red criminal que, con base en Jamaica, pretendía introducir y vender el producto en territorio cubano, explicaron oficiales del Minint.

Indicaron que la puesta en marcha de un plan ministerial con los órganos encargados de combatir esta actividad ilícita en las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y La Habana, logró capturar a los delincuentes en el acto.

En la operación se decomisaron 300 libras de marihuana, grandes cantidades de dinero, teléfonos satelitales y otros medios de comunicación, armas de fuego, una placa falsa del vehículo usado para el transporte de la mercancía en suelo cubano, una lancha rápida entre otros medios de transporte y logística para este tipo de operaciones del tráfico de drogas en Cuba.

«Cuba mantiene una política jurídica penal severa para el delito de tráfico de drogas, cuyo código penal prevé sanciones que oscilan entre los cuatro y 30 años de privación de libertad, sanción perpetua de libertad, o pena de muerte», advierten las fuerzas del orden desde la isla.