Autoridades del gobierno cubano debatieron este fin de semana en el pleno del Partido «un plan» para aliviar la falta de luz en Cuba y los apagones de hasta 38 horas en algunos territorios de la isla. ¿Funcionará? Hasta ahora muchas promesas y nada de realidad. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba atraviesa una crisis estructural que impacta de forma directa y cotidiana la calidad de vida de la población y el funcionamiento de la economía.

Las fallas prolongadas en el suministro de energía —con apagones de hasta 38 horas— son consecuencia de un sistema envejecido, falta de mantenimiento sostenido, baja disponibilidad de combustibles y una evidente incapacidad financiera del Estado para sostener su operación regular.

Pese a que el Gobierno ha diseñado un Programa de Gobierno para estabilizar el SEN, aprobado desde noviembre de 2024, los resultados hasta la fecha siguen siendo limitados y desiguales.

Según los informes presentados durante este fin de semana en el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, las estrategias actuales giran en torno a varios ejes: rehabilitar la generación termoeléctrica con crudo nacional, aumentar la eficiencia energética, reducir la generación móvil y diesel, e incrementar la participación de fuentes renovables como la energía solar, eólica, biomasa y biogás.

Si bien estas metas son técnicamente acertadas, enfrentan serias limitaciones materiales y financieras, exacerbadas por el embargo estadounidense.

El reconocimiento de que «no se ha contado con los combustibles y lubricantes necesarios por falta de financiamiento» ilustra la fragilidad del sistema y la falta de autonomía energética de la isla.

A pesar de los esfuerzos para introducir energía renovable —principalmente a través de parques solares—, su impacto ha sido desigual: ayudan durante el día, pero no alivian los apagones en el pico nocturno.

Además, se destaca que muchas entidades con recursos no han invertido en tecnología fotovoltaica, lo que muestra una falta de coherencia y exigencia institucional. La falta de acceso popular a estas tecnologías también plantea dudas sobre la equidad de las políticas energéticas.

Otro aspecto crítico es el estado de las redes de distribución y transmisión, que presentan un elevado deterioro, limitando la capacidad de transferencia entre regiones.

Esto no solo reduce la eficiencia general del sistema, sino que incrementa el riesgo de colapso regional ante cualquier falla mayor.

El aumento en la demanda eléctrica, impulsado por el uso de equipos electrodomésticos y medios de transporte eléctricos, contrasta con la reducción de la capacidad de generación y la caída de la producción e importación de crudo.

En este escenario, pedir ahorro en ciertos sectores —mientras subsisten sobreconsumos en otros— refleja una gestión desigual del problema, en la que no todos los actores asumen la misma carga de la crisis.

El Gobierno insiste en la «voluntad política» y el «compromiso revolucionario» como elementos clave para resolver la situación.

Sin embargo, los problemas estructurales del SEN no pueden resolverse solo con retórica y control político. Se requiere una estrategia técnica, financieramente viable y socialmente inclusiva, que articule esfuerzos reales de descentralización energética, inversión en infraestructura, promoción del autoconsumo y transparencia en la gestión.