Hoy vence la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos): más de 100 mil cubanos piden en el Consulado de la Habana la obtención de la nacionalidad española, según datos oficiales. Hoy finaliza la vigencia de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida popularmente como la “ley de nietos”, un instrumento legal diseñado para reparar la injusticia histórica hacia los descendientes de españoles que tuvieron que emigrar o exiliarse.
Durante el periodo de aplicación, los consulados españoles en el exterior recibieron un total de 876.321 solicitudes, de las cuales solo 414.652 han sido aprobadas, representando un índice de respuesta del 47,32%.
Esto deja fuera del proceso al 52,68% de quienes buscaron ejercer su derecho a la nacionalidad española de origen.
Cuba destaca en este cierre con 107.338 solicitudes presentadas en el Consulado General de La Habana, lo que representa el 12,24% del total global.
Junto a Argentina, que concentra 366.579 solicitudes, estas dos regiones suman más del 53% de las peticiones totales, reflejando la fuerte conexión histórica y familiar de la diáspora con España.
Otros países con gran número de solicitudes incluyen Brasil, México y Chile, mientras que Iberoamérica en su conjunto concentra más del 95% de las demandas, sumadas al Consulado General de Miami.
La Ley de Memoria Democrática, inicialmente establecida con un plazo de dos años para ejercer la nacionalidad, recibió una prórroga de un año ante la abrumadora demanda.
Hoy, fecha límite improrrogable, quienes no hayan completado su expediente o generado un número de trámite pierden irrevocablemente el derecho a la nacionalidad española mediante este mecanismo.
El impacto de la LMD se ha dejado sentir especialmente en Galicia, región históricamente vinculada a la emigración hacia América Latina.
Se estima que aproximadamente el 36,95% de todas las solicitudes provienen de descendientes de gallegos. Instituciones como el Archivo Diocesano de Ourense han gestionado un promedio de 48.000 solicitudes, consolidándose como un eje de tramitación de partidas sacramentales y genealogía.
Para muchos ciudadanos en países con inestabilidad económica o política, como Cuba y Venezuela, esta ley representaba una vía de acceso a la estabilidad europea.
La finalización de la LMD deja un saldo de expectativas frustradas y evidencia los desafíos estructurales en la gestión consular, reflejando que el derecho, aunque legítimo, se ve limitado por la capacidad operativa y logística de las instituciones españolas en el exterior.