Sandro Castro, conocido nieto farandulero de Fidel Castro se pronunció en las últimas horas sobre el caso del exministro cubano Alejandro Gil: entre acusaciones de espionaje y total hermetismo judicial del oficialismo. El polémico empresario e influencer cubano Sandro Castro volvió a encender las redes sociales tras pronunciarse sobre el caso del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, hoy acusado por el gobierno cubano de espionaje y otros delitos catalogados como “contra la seguridad del Estado”.
En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Sandro afirmó que “la traición se paga con la muerte”, una frase que muchos interpretan como una referencia directa al exfuncionario, cuyo juicio continúa envuelto en absoluto secretismo.
Las declaraciones llegan en un momento de gran tensión política para el gobierno de La Habana. Este sábado, María Victoria Gil, hermana del exministro, aseguró que fuentes “muy fidedignas” le confirmaron que el régimen acusa a Gil de espiar para la CIA, un señalamiento que ella califica de “absurdo”.
Según su testimonio, el exministro ha negado categóricamente todas las imputaciones desde el inicio del proceso y su defensa legal habría sido “brillante” a pesar de las severas restricciones impuestas por el sistema judicial.
La familia sostiene que la caída de Gil estuvo marcada por presiones internas y señala directamente al primer ministro Manuel Marrero Cruz como el principal ejecutor del proceso. María Victoria asegura que Marrero estuvo “delante y detrás de todo esto”, mientras que, sorprendentemente, afirmó que Miguel Díaz-Canel desconocía los detalles de la investigación, lo que dejaría en entredicho el nivel de control del mandatario dentro de su propio gabinete.
El relato de la hermana del exministro también expone la dimensión humana del caso: tras varias citaciones y entregas de documentos, Gil y su esposa fueron retenidos durante cuatro meses en una casa operativa del Ministerio del Interior antes de ser trasladados a la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Allí solo recibe visitas de 15 minutos cada 15 días, en condiciones de absoluto aislamiento.
El juicio, celebrado a puertas cerradas y sin presencia de prensa independiente, concluyó hace 10 días.
Gil Fernández enfrenta cargos por espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y otros delitos económicos. Según su hermana, “de la cadena perpetua no se va a librar”, convencida de que la sentencia ya está definida.
En medio del silencio oficial, el caso Alejandro Gil se ha convertido en un símbolo de la opacidad del sistema judicial cubano y de las tensiones internas dentro del poder político de la isla, en un contexto marcado por una profunda crisis económica y social.