A pocos meses del fin de la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos) medios informan que España reforzó varios consulados en América incluida ante récord de solicitudes: el de La Habana, Cuba, entre ellos. Más detalles de inmediato. España consolidó tres puestos clave en sus consulados de América Latina para hacer frente a la avalancha de solicitudes generadas por la Ley de Nietos, vigente hasta el 22 de octubre de 2025.
Los consulados en La Habana, Ciudad de México y Buenos Aires ahora cuentan con cónsules adjuntos permanentes, una medida anunciada en julio por el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares.
Este refuerzo busca atender de forma más eficiente las más de 700.000 solicitudes recibidas desde octubre de 2022, cuando entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, que permite a los descendientes de exiliados españoles acceder a la nacionalidad.
Ley de Nietos en Cuba: caos en Consulado de La Habana persiste
La Habana destaca con un récord diplomático: cinco cónsules adjuntos en total, mientras que México y Argentina también fortalecieron sus equipos para agilizar la atención.
No obstante, el volumen de expedientes supera ampliamente la capacidad de procesamiento. Hasta julio de 2025, solo 320.000 solicitudes han sido aprobadas y 200.000 registradas oficialmente, dejando casi medio millón sin resolución.
El colapso ha generado largas esperas, denuncias de corrupción y una creciente demanda por extender el plazo legal.
La falta de personal, la lentitud administrativa y la ausencia de comunicación clara con los solicitantes alimentan el descontento. Aunque se han sumado 150 nuevos funcionarios y se ha implementado un sistema digital parcial, la respuesta sigue siendo insuficiente.
España apuesta por una estructura diplomática sostenida para responder al desafío de una ciudadanía transnacional en expansión. Con el reloj corriendo, miles de familias esperan que su vínculo con España no se vea truncado por fallos administrativos.
El Defensor del Pueblo señaló que persisten problemas estructurales graves — falta de personal y sistemas tecnológicos deficientes — que impiden atender eficazmente a los solicitantes antes del cierre del plazo en octubre de 2025.
