El Senador cubanoamericano René García exige detener deportaciones de inmigrantes con protección legal en Estados Unidos y que tienen casos activos y una vida normal y sin antecedentes. El senador y comisionado de Miami-Dade, René García, pidió a la administración federal de Donald Trump detener las deportaciones de inmigrantes que cuentan con estatus legal, protección humanitaria o solicitudes de asilo activas, tras denunciar un patrón de detenciones que calificó como “arbitrarias” y contrarias al debido proceso.
El legislador cubanoamericano, nacido en Hialeah e hijo de exiliados, alertó que muchos de los afectados están amparados por programas como el TPS o el Estatus de Inmigrante Juvenil (SIJ).
Durante una conferencia de prensa realizada frente a la Torre de la Libertad, un símbolo histórico de la comunidad exiliada cubana, García estuvo acompañado por la Asociación de Abogados Cubano-Estadounidenses (CABA) y familiares de inmigrantes detenidos.
Allí subrayó que su petición no es un acto político, sino un llamado moral para proteger a familias trabajadoras que cumplen la ley.
“Aprecio que la administración Trump proteja la frontera y expulse a criminales, pero debemos garantizar que las personas con historial limpio y bajo protección legal no sean deportadas sin poder defenderse”, declaró García.
El senador advirtió que se están aplicando normas migratorias de forma retroactiva, algo que calificó como “antiestadounidense”, y exigió que cada caso sea evaluado individualmente, sin decisiones automáticas ni discrecionales.
La abogada Amanda Fernández, representante de CABA, confirmó que estas acciones están destruyendo familias y debilitando la confianza pública, al detener inesperadamente a personas que han cumplido todos los requisitos legales.
Denunció también la detención irregular de menores con estatus SIJ y citó varios casos recientes, como el de Eduardo, un trabajador guatemalteco deportado sin explicación, y el de un joven arrestado tras un incidente menor y retenido por meses sin justificación.
García insistió en la necesidad de extender el TPS, suspender deportaciones a terceros países y revisar los procedimientos migratorios para garantizar transparencia y respeto constitucional.
Según datos del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde enero de 2025 más de 527.000 inmigrantes han sido deportados, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan la claridad de estos procesos.
“Estados Unidos puede proteger su frontera sin sacrificar sus principios”, concluyó García.