Fiscalía cubana lleva a juicio al exministro Alejandro Gil por espionaje y malversación.
La Fiscalía General de la República de Cuba anunció que ejerció acción penal pública contra Alejandro Miguel Gil Fernández, ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, junto a otros implicados en un proceso penal por graves delitos económicos y de seguridad.
La Fiscalía presenta el caso ante los tribunales
Según la nota informativa difundida el 31 de octubre, la Fiscalía concluyó las investigaciones dirigidas por el Ministerio del Interior y presentó las actuaciones al tribunal competente.
Se solicitaron sanciones de prisión para los acusados “en correspondencia con los hechos cometidos”.
El comunicado indicó que la investigación se realizó “en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución” y que durante el proceso se garantizó el debido proceso y la representación del Estado.
Amplio listado de delitos imputados
El Ministerio Público señaló que los cargos incluyen espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, violación de normas sobre protección de documentos clasificados, así como sustracción y daño de documentos u objetos en custodia oficial.
En su nota oficial, la Fiscalía precisó: “Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.
Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el curso del proceso judicial ni sobre las penas específicas solicitadas para cada uno de los imputados.
Un proceso con respaldo constitucional
La Fiscalía destacó que su actuación se realizó “en representación del Estado”, conforme al mandato que le otorga la Constitución de la República.
Con esta notificación, el expediente de Gil Fernández pasa oficialmente a instancia de tribunal, quedando a la espera de los próximos actos judiciales.
Caída de un alto funcionario
El caso de Alejandro Gil Fernández comenzó en marzo de 2024, cuando el gobierno cubano informó la apertura de un expediente investigativo por “graves errores” en su gestión, tras haber sido destituido un mes antes.
El exministro admitió entonces “graves imputaciones” y renunció a su militancia en el Partido Comunista y a su escaño en la Asamblea Nacional.
En aquel momento, el gobierno advirtió que no toleraría “la corrupción, la simulación ni la insensibilidad” y que, mientras más alta la confianza depositada en un cuadro, “mayor sería el rigor e intransigencia con que se actúe”.
Gil había sido una figura clave en la política económica del país, especialmente durante la crisis de 2023, marcada por la escasez de alimentos y combustibles, apagones y deterioro de los servicios básicos.
Ese mismo año reconoció en el Parlamento que no se cumplirían los planes productivos y que varios sectores mostraban retrocesos respecto a 2022.
Durante un pleno del Comité Central del Partido, también admitió el fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento, al reconocer que “fue ineficaz y no alcanzó los objetivos previstos”.
