Casas en Cuba: Gobierno cubano adopta nueva medida sobre las propiedades de viviendas en la isla

Una nueva disposición legal sobre inmuebles en Cuba ha comenzado a circular desde su publicación en la Gaceta Oficial. Aunque se presenta como una actualización técnica, muchos ciudadanos —dentro y fuera del país— se preguntan cuál será el verdadero alcance de la medida.

El acuerdo, emitido por el Consejo de Ministros, plantea ajustes en los procedimientos relacionados con viviendas, habitaciones, cuartos y locales que no cuentan aún con respaldo legal formal.

En un país donde una parte importante del fondo habitacional tiene origen informal o precario, los cambios en este tipo de procesos suelen generar interpretaciones diversas.

De hecho, en los últimos días ha crecido el interés en torno a la posibilidad de perder la titularidad o el uso de propiedades no regularizadas.

La medida oficial, al modificar los plazos y algunos requisitos, podría tener consecuencias tanto para quienes aún residen en Cuba como para quienes, por diversas razones, no han podido completar la legalización de los inmuebles que dejaron bajo custodia de terceros.

El nuevo plazo se extiende hasta diciembre de 2025

La Gaceta Oficial No. 26 (extraordinaria), del pasado 23 de mayo, oficializa la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar solicitudes de legalización de inmuebles sin estatus reconocido. La medida aplica a viviendas, cuartos, habitaciones y locales adaptados para uso habitacional, siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas.

Esta extensión del plazo responde, según explicó Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción (Micons), a los retrasos ocasionados por la pandemia y a la necesidad de simplificar el procedimiento vigente desde 2019.

Con esta actualización, ya no será obligatorio que las Direcciones Municipales de la Vivienda realicen el levantamiento en planta y la descripción detallada del inmueble. Bastará con un dictamen técnico emitido por las autoridades de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, lo cual, aseguran, reducirá los tiempos del trámite hasta en 15 días.

¿Quiénes pueden acogerse a la medida?

Entre los posibles beneficiarios se encuentran:

• Arrendatarios permanentes de viviendas estatales que no hayan sido sancionados por delitos como corrupción, drogas o enriquecimiento ilícito.

• Ocupantes de cuartos, habitaciones o locales transformados en viviendas.

• Personas que habitan inmuebles construidos por el Estado sin el debido proceso legal.

• Residentes de áreas rurales o urbanas aún sin regularizar.

• Grupos vulnerables como embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.

La funcionaria del Micons también señaló que los más de 19 mil casos pendientes del proceso anterior recibirán respuesta por parte de las autoridades municipales en los próximos meses.

En el trasfondo, una crisis habitacional persistente

Cuba enfrenta desde hace años un severo déficit de viviendas, estimado en cerca de un millón de unidades. Según datos oficiales, solo el 65 % del fondo habitacional del país se encuentra en buen estado técnico. La escasez de materiales, los daños acumulados por el tiempo y la ausencia de un mercado inmobiliario formal agravan esta situación.

En este contexto, la prórroga hasta diciembre podría verse no solo como una oportunidad para completar trámites pendientes, sino también como un llamado de atención a quienes aún no han asegurado legalmente su vínculo con el inmueble que ocupan… o dejaron atrás.