Cada vez son más los cubanos que residen en el exterior y mantienen sus viviendas en Cuba. No es nada extraño que estas propiedades sean blanco habitual de quienes no tienen un techo. El gobierno promete actuar.

«Recientemente, en una parada de ómnibus, escuché una conversación entre dos mujeres acerca de la ocupación ilegal de dos viviendas. La iniciadora de la charla relató que una amiga suya de Camagüey, que salió de Cuba de forma temporal, se había quedado sin la casa de su propiedad, ya que, durante ese tiempo, una mujer con un niño pequeño y el esposo se introdujeron en ella, y manifestaron que de ahí no los sacaba nadie», comienza diciendo un reciente artículo del diario oficialista Granma.

Se trata de un fenómeno cada vez más común en la isla, y ahora el gobierno declara estar listo para enfrentarlo a partir de los mecanismos legales contemplados en el código penal.

En efecto, desde el artículo se han anunciado medidas más estrictas amparándose en la Ley No. 151. Un cuerpo legislativo aprobado en diciembre de 2022. Según el diario oficial Granma, las autoridades podrán desalojar de inmediato a los ocupantes sin esperar a que se completen los procesos judiciales.

Sanciones y medidas legales

El artículo 421 del Código Penal establece sanciones de hasta cinco años de prisión para quienes ocupen inmuebles de manera ilegal. Las también se respaldan en el Dictamen No. 471 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, aprobado en febrero de 2023, medidas que detallan los procedimientos legales para garantizar una resolución rápida de estos conflictos.

Estas disposiciones buscan proteger la propiedad estatal y privada, pero también destacan las profundas desigualdades sociales que impulsan estas ocupaciones. Las cifras oficiales indican que Cuba enfrenta un déficit de más de un millón de viviendas, lo que obliga a muchas familias a ocupar propiedades deshabitadas.

Afectaciones a los más vulnerables

Entre los más afectados por los desalojos se encuentran madres solteras, ancianos y familias en situaciones extremas. La falta de programas de vivienda accesibles y la precariedad económica llevan a muchos a considerar estas ocupaciones como su única opción para obtener un techo digno.

Aunque el gobierno justifica las acciones como necesarias para restablecer el orden, activistas y organizaciones no gubernamentales señalan que estas no abordan las causas estructurales de la crisis habitacional. La respuesta oficial, centrada en la legalidad, refleja la desconexión con la realidad de muchas familias que enfrentan situaciones críticas.

Casos recientes de desalojo

En 2024, se reportaron varios casos de desalojos que generaron indignación pública. En La Habana, una madre con sus hijos y nietos fue desalojada de su vivienda, mientras que en Granma, una anciana tuvo que abandonar su casa. Estos ejemplos evidencian la vulnerabilidad de los sectores más afectados por estas medidas.

En otro caso, una adolescente con su bebé se enfrentó a amenazas de desalojo en abril de 2024, resaltando las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a una vivienda segura. Estas historias ilustran cómo la crisis habitacional continúa agravándose en el país.

Delito de usurpación y procedimientos legales.

El Código Penal define el delito de usurpación como la ocupación ilegal de un bien inmueble, que puede incluir el uso de fuerza o intimidación. Las sanciones varían desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los casos. Las autoridades pueden aplicar medidas cautelares, como la prisión provisional, para evitar que estas conductas se repitan.

El Dictamen No. 471 también establece que, en caso de ocupaciones ilegales, las autoridades deben actuar de inmediato para desalojar a los ocupantes y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas sin esperar la conclusión de un juicio penal.

Un problema estructural sin solución integral

Las nuevas disposiciones refuerzan el marco legal para combatir las ocupaciones ilegales, pero no ofrecen una solución integral al problema habitacional. La falta de recursos para construir y reparar viviendas, combinada con la ausencia de políticas públicas efectivas, perpetúa un escenario en el que millas de familias siguen sin acceso a un hogar seguro.