Desde finales de diciembre quedaron fijados nuevos precios para consultas legales y procesos judiciales en Cuba. La actualización aparece recogida en la Resolución 486/2025 y define cuánto deben pagar los ciudadanos por acceder a estos servicios, tanto dentro como fuera del país.
La norma, emitida por el Ministerio de Justicia, forma parte de una reorganización más amplia de las tarifas jurídicas. En este caso, el foco está en los servicios de orientación legal y en los procesos ante tribunales.
Consultas legales: precios oficiales
Las consultas jurídicas mantienen precios diferenciados según el tipo de asunto. Para quienes buscan iniciar un proceso de divorcio, la tarifa oficial quedó fijada en 26 dólares cuando el servicio se cobra en moneda extranjera.
Ese mismo precio se aplica a las consultas realizadas ante organismos de la Administración Central del Estado. Se trata de trámites frecuentes para personas que necesitan aclarar su situación legal antes de iniciar un proceso formal.
En los casos más complejos, como consultas vinculadas a procesos ordinarios, arbitrales o de jurisdicción voluntaria, el costo asciende a 78 dólares. Cuando se trata de asuntos considerados de alta complejidad, la tarifa puede llegar a 156 dólares.
Procesos judiciales y representación legal
La resolución también regula los precios de la representación legal en procesos judiciales. Estos servicios incluyen la actuación ante tribunales provinciales y ante el Tribunal Supremo Popular.
Aunque las tarifas varían según la naturaleza del proceso, el texto deja claro que se trata de servicios sujetos a cobro en divisas cuando el solicitante es extranjero o cubano residente permanente en el exterior.
La representación procesal suele ser necesaria en casos de divorcio, reclamaciones civiles, litigios patrimoniales y otros conflictos legales que requieren la intervención de un abogado.
Ajustes por complejidad y urgencia
La normativa autoriza a los directores de bufetes y a las entidades prestadoras a ajustar las tarifas. Estos incrementos pueden aplicarse en función de la complejidad del caso, el tiempo requerido o la urgencia con que se solicite el servicio.
También se prevé un aumento cuando los trámites deben realizarse en días no laborables o fuera del horario habitual. Estos ajustes deben ser informados previamente al cliente.
Sin exenciones generales
El texto no contempla beneficios amplios ni exenciones automáticas. Las tarifas se aplican de forma uniforme y el pago se realiza según la moneda aceptada y la tasa vigente el día del trámite.
Para muchos cubanos, dentro y fuera del país, estas consultas representan el primer paso para resolver situaciones familiares, patrimoniales o administrativas que no pueden posponerse.
Un costo previo a cualquier proceso
Las consultas legales y los procesos judiciales siguen siendo un gasto inevitable para quienes necesitan resolver asuntos legales en Cuba. Con las tarifas ahora claramente definidas, los solicitantes pueden conocer de antemano el costo de acceder a estos servicios durante 2026.