El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) emitió un comunicado oficial en respuesta a una decisión legislativa adoptada por el gobierno de Estados Unidos. La declaración, publicada este 10 de diciembre, critica las implicaciones de esta normativa y su impacto en las relaciones bilaterales.

El pronunciamiento del Minrex aborda temas relacionados con el derecho internacional, la protección de la propiedad intelectual y las acciones unilaterales de Washington hacia la Isla. Además, subraya lo que considera como una política coercitiva que intensifica las dificultades económicas para el pueblo cubano.

¿Reforzamiento del embargo?

En este contexto, el comunicado señala que la reciente ley, conocida como la “Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos”, refuerza el embargo económico contra Cuba al negar la validación de marcas confiscadas tras 1959. La normativa prohíbe que tribunales estadounidenses avalen derechos de propiedad intelectual sobre bienes expropiados sin el consentimiento de sus dueños originales.

El Ministerio acusó a Estados Unidos de ignorar principios fundamentales del derecho internacional y permitir el “robo” de marcas cubanas registradas en ese país, como el caso emblemático de la disputa por el ron Havana Club entre el gobierno cubano y la empresa Bacardí. Asimismo, destacó que Cuba ha cumplido con sus compromisos internacionales en esta materia, protegiendo más de 6,400 marcas estadounidenses registradas en la Isla.

Por otra parte, el comunicado también criticó el papel de Bacardí en el desarrollo de legislaciones como la Ley Helms-Burton de 1996, calificándola de “colonial” y una fuente de sufrimiento para el pueblo cubano. Sin embargo, los antecedentes históricos señalan que la normativa estadounidense surge en respuesta a expropiaciones masivas realizadas por el gobierno cubano tras 1959, muchas de las cuales despojaron a ciudadanos y empresas extranjeras sin compensación.

La nueva ley limita al régimen cubano en su capacidad de utilizar marcas confiscadas para comercializar productos en el mercado internacional, consolidando las restricciones económicas y legales contra la Isla. Este contexto pone en evidencia la continuidad de las tensiones políticas y económicas entre ambas naciones.