¿Españoles de segunda clase? Consulado de España en Cuba vulnera derechos de ciudadanos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática

Tras la larga espera para conseguir la ciudadanía española por la Ley de Memoria Democrática, ahora muchos españoles en Cuba aguardan por la emisión de un certificado literal de nacimiento con la anotación especial de que se emite para la obtención de DNI o pasaporte. Algunos hablan de «demoras convenientes» pues las dilaciones injustificadas permiten, o alientan, ciertas tramas de corrupción.

Miles de cubanos nacionalizados como ciudadanos españoles al amparo de la Ley de Memoria Democrática, viven una situación absurda y profundamente injusta. Habiendo adquirido legalmente la nacionalidad, no pueden obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) ni el pasaporte español porque el consulado de España en La Habana no les emite el certificado literal de nacimiento con la anotación requerida: “para la obtención del primer DNI y pasaporte”.

«Desde diciembre me enviaron por correo mi certificación literal de nacimiento. Mira, aquí la tengo. Este soy yo. Sin embargo, esta literal no me sirve para nada, no puedo sacar mi DNI, ni mi pasaporte, solo porque le falta un cuñito aquí al lado izquierdo que diga que es para DNI. Y lo he solicitado por todas las vías posibles, y nada», explica José M. Rodríguez, un cubano español que ahora vive en Zaragoza, y que se siente vulnerado:

«No puedo trabajar, no tengo derecho a atención médica, no me quieren aceptar en un alquiler… en fin, soy un español de segunda», concluye.

Un requisito legal que no es opcional

Este requisito está recogido en la Instrucción de la Dirección General de la Policía sobre expedición del DNI, que exige que el certificado literal de nacimiento contenga expresamente esa finalidad. Así lo establece también el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2015 y las propias guías internas de los registros civiles y oficinas de documentación.

Sin esa frase, las comisarías en España rechazan el trámite. No se trata de una formalidad, sino de un elemento indispensable para completar la identificación del ciudadano ante las autoridades competentes.

El certificado ya existe: solo falta una anotación

Lo más insólito es que el certificado literal de nacimiento ya está emitido e inscrito. Solo se necesita agregar una línea de texto o un cuño. No es un proceso complejo. No requiere una investigación adicional, ni un dictamen jurídico. Se trata de una gestión técnica y rutinaria que, sin embargo, se retrasa meses.

Mientras tanto, los afectados quedan en un limbo. No pueden viajar, no pueden identificarse como ciudadanos españoles ante las autoridades, no pueden trabajar legalmente ni acceder a servicios básicos en España.

«No me cabe en la cabeza esta situación. Es absurdo que por un cuño haya que esperar 6 o 8 meses. Si todo está digitalizado, al momento de emitir el certificado literal ordinario, o sea, el que no tiene cuño, pueden ponerle el cuño para DNI. Y si lo pide el solicitante pues se le envía y punto. Es su derecho», se cuestiona un solicitante en Madrid.

A todo esto se suma un elemento clave: el certificado literal de nacimiento para DNI tiene una validez de solo seis meses desde su expedición. Esta limitación, que figura tanto en la normativa interna de la Policía como en las instrucciones del Ministerio de Justicia, hace que los retrasos sistemáticos en su entrega lo conviertan en papel inútil.

El Ministerio de Justicia reconoce las quejas, pero no resuelve

El Ministerio de Justicia admite reclamaciones cuando han pasado más de tres meses desde la solicitud del certificado al Registro Civil Central sin respuesta. Pero en la práctica, la respuesta que reciben los afectados es una fórmula vacía: “el expediente está en estudio”, y se indica que el retraso proviene del consulado de España en Cuba, que no ha completado el envío o validación del documento.

En muchos casos, los solicitantes llevan más de seis meses o incluso un año esperando. Algunos han escrito múltiples correos al Consulado de España en Cuba sin recibir respuesta alguna.

La creación de una plataforma de citas específica para solicitar este certificado con la anotación del DNI no ha solucionado nada: el sistema nunca abre practicamente o no tiene horarios definidos, y se ha convertido en otro filtro arbitrario. Eso sí, los muy pocos afortunados que logran acceder a una cita dicen que en pocos días obtienen el certificado literal en sus correos, sin necesidad de acudir al registro civil consular.

Como con otras embajadas, que en su momento han creado mecanismos similares, las quejas e insatisfacciones de los usuarios no se hacen esperar. Y muchos ven en cada cuello de botella una oportunidad para que otros puedan lucrar.

«Nadie sabe cuándo abren, que días o a qué hora se dan las citas. Lo que parece es que crearon este sistema para generar todavía más congestión. Y como dice el dicho, a río revuelto ganacia de pescadores«, explica Yanelis, una cubana que no quiere comprar su pasaje para España sin un certificado literal para DNI, y que tiene bien claro que una vez lo tenga tendrá que correr para empadronarse y hacer los demás trámites pues el documento tiene solo 6 meses de validez.

Sospechas de corrupción: la desigualdad como negocio

La opacidad del sistema y la falta de controles claros han generado un terreno fértil para el abuso. Testimonios recogidos por ciudadanos españoles señalan que algunos trabajadores o intermediarios cobran por facilitar el certificado con la anotación necesaria.

“A mí me escribieron por privado en Telegram —cuenta una ciudadana—. Vieron que estaba preguntando por el certificado y me ofrecieron ayuda, pero a cambio de dinero”.

El patrón es evidente: se ofrece un atajo a quien puede pagar, mientras el resto espera indefinidamente. Otro testimonio es aún más explícito: “A un conocido se lo sacó enseguida un familiar de un trabajador del consulado, por 200 euros”.

Estas prácticas, que muchos describen como extorsión encubierta, se apoyan en una lógica perversa: “los que necesitan este documento es porque están en España o están por llegar; entonces, los funcionarios asumen que tienen dinero y tratan de expoliarlos”, señala otra fuente.

Una discriminación inadmisible entre ciudadanos españoles

El resultado es un sistema que distingue entre españoles de primera y de segunda categoría. Los nacidos en España acceden sin trabas a su documentación. Los nacionalizados desde Cuba, no.

Esto viola el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución Española) y el derecho a la documentación e identificación como ciudadano español, recogido de forma implícita en el artículo 15 del Código Civil y en la Ley del Registro Civil.

Además, contradice el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos.

El Estado español tiene la obligación de intervenir

La situación no puede considerarse un problema administrativo menor. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe revisar de forma urgente la gestión del consulado en La Habana. Y el Ministerio de Justicia debe garantizar que los registros civiles —tanto en La Habana como en Madrid— emitan los certificados con la anotación requerida sin demoras ni barreras arbitrarias.

Mientras tanto, se sigue vulnerando un derecho elemental. Un simple cuño, una frase en un documento que ya existe, está dejando a miles de ciudadanos sin la posibilidad de ejercer plenamente su ciudadanía. Y está creando un negocio oscuro para quienes saben cómo operar en la sombra de esa ineficiencia institucional.

¿Hasta cuándo se va a tolerar que un derecho reconocido por ley quede secuestrado en una oficina consular? ¿Cuántos ciudadanos más deben pagar, esperar o rogar por un documento que les pertenece por derecho?

No se puede permitir que un documento tan básico como el certificado literal con la anotación para DNI y pasaporte —que ya existe, y solo requiere una nota marginal— se convierta en una mercancía en manos de intermediarios o empleados corruptos.

No se trata de un documento cualquiera. El DNI no solo acredita la identidad: permite trabajar, viajar, residir legalmente, ejercer derechos civiles y políticos, afiliarse a la seguridad social y acceder a la sanidad pública. Negarlo, retrasarlo o condicionar su tramitación a una red de favores e intermediarios es una forma de exclusión.

El gobierno de España debe intervenir de inmediato, auditar el funcionamiento del consulado en La Habana y tomar medidas disciplinarias o penales, si corresponde. Basta un cuño. Un párrafo. Un trámite técnico. Lo que hoy se está negando es la dignidad documental de ciudadanos que ya son, legalmente, parte de España.