El parlamento cubano recula y elimina un límite que en su momento propuso el propio Raúl Castro para abrirle paso a los jóvenes. La medida parece hecha a la medida de Manuel Marrero Cruz, quien al parecer será el sustituto de Miguel Díaz Canel, pero quien ya tiene 62 años de edad.

Una votación unánime, una reforma constitucional y un futuro político cada vez más previsible. Cuba ha eliminado el límite de edad para quienes aspiren por primera vez a la presidencia de la República, una de las pocas restricciones que el propio sistema se había impuesto en 2019 y que ahora desaparece sin sobresaltos.

Una reforma exprés para una élite envejecida

Con 440 diputados presentes, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó sin votos en contra ni abstenciones la eliminación del tope de 60 años para optar a la jefatura del Estado. La medida fue promovida por el Consejo de Estado y avalada por el Buró Político del Partido Comunista, bajo el argumento del envejecimiento acelerado de la población cubana.

En 2019, cuando se aprobó la actual Constitución, un 20,4 % de la población tenía más de 60 años. Para 2025, esa cifra ha subido al 24,4 %, lo que equivale a más de una cuarta parte de los cubanos. Sin embargo, esta justificación técnica encubre una intención política clara: asegurar que los cuadros históricos o afines al núcleo de poder no queden excluidos del cargo más alto por razones de edad.

El límite fue idea de Raúl Castro en 2019

La limitación que ahora se elimina fue propuesta por Raúl Castro en 2019, cuando se redactaba la Constitución vigente. Él mismo la presentó como una herramienta para fomentar el relevo generacional en las altas esferas del Estado, tras más de seis décadas de liderazgo concentrado en una élite envejecida.

Durante el debate parlamentario de este viernes, Esteban Lazo —presidente de la Asamblea— recordó que “el límite de los 60 años como edad máxima para ocupar dicho cargo se incorporó a partir de una propuesta del propio General de Ejército, fundada en su experiencia personal, y resultó lo más recomendable en aquel momento”.

La paradoja es evidente: lo que antes se consideraba imprescindible para la salud política del sistema, ahora se presenta como un obstáculo que hay que eliminar.

¿Un guiño a Manuel Marrero?

Aunque el texto de la reforma no menciona nombres, resulta imposible ignorar que Manuel Marrero Cruz, actual primer ministro, tiene ya 62 años. De no haberse modificado esta cláusula, quedaba automáticamente fuera del escenario presidencial de 2028.

Desde hace años, Marrero ha sido visto como figura leal al poder central, sin ambiciones visibles pero siempre presente en el núcleo de decisiones. Su perfil, técnico y disciplinado, encaja perfectamente con la lógica de continuidad. La eliminación del tope etario parece abrirle el camino para una candidatura sin trabas legales.

Alternancia controlada y precedentes rusos

Este movimiento recuerda el modelo de alternancia visto en Rusia entre Vladímir Putin y Dmitri Medvédev. Aunque en Cuba la Constitución impone un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos (5+5 años), también esa cláusula fue promovida por Raúl Castro.

Y si ya se desmontó una de sus propuestas constitucionales, ¿quién asegura que no ocurra lo mismo con la otra? El sistema ha demostrado flexibilidad cuando se trata de mantener los equilibrios del poder dentro del mismo grupo dirigente.

La unanimidad que incomoda

La reforma se tramitó sin necesidad de referendo, tal como prevén los artículos 103, 108 y 226 de la Constitución, al no afectar la duración del mandato ni las funciones del presidente. Pero lo que más llama la atención es que ningún diputado se abstuvo ni votó en contra. Una vez más, la Asamblea actuó como caja de resonancia del consenso oficial, sin espacio visible para el disenso o el debate real.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, insistió en que la Asamblea es “el único órgano con potestad constituyente”. Pero esa potestad, lejos de ejercerla con independencia, parece ejecutarla por mandato del partido.

¿Reforma institucional o blindaje del poder?

Desde el oficialismo, la eliminación del límite de edad se presenta como una corrección adaptada a los tiempos. Se alega que la población ha envejecido y que eso obliga a no excluir a personas valiosas solo por su edad. Pero en la práctica, esta medida no amplía derechos para el ciudadano común, que sigue sin votar directamente por el presidente, sino que beneficia exclusivamente a los altos cuadros del Estado.

Actualmente, la edad promedio del gabinete ronda los 60 años. Entre sus figuras más visibles están Salvador Valdés Mesa (80 años), Ramiro Valdés (92) y Ricardo Cabrisas (87). Lejos de renovación, el gobierno cubano parece aferrarse a una estructura en la que experiencia equivale a longevidad.

El economista Pedro Monreal lo resumió con una pregunta desde su cuenta en X: “¿Maquinación disfrazada de reforma constitucional?”

El trasfondo: crisis e incertidumbre

La decisión de cambiar las reglas ocurre mientras el país atraviesa una crisis multidimensional: escasez de productos básicos, apagones prolongados, inflación sin freno, servicios públicos colapsados y una ola migratoria que vacía comunidades enteras.

Ante este escenario, el oficialismo apuesta por cerrar filas, no por abrirse. La reforma no democratiza, no descentraliza, no devuelve voz al ciudadano. Solo reajusta las condiciones para que quienes ya están en el poder puedan seguir allí.

La próxima elección presidencial será en 2028. Y por primera vez desde 2019, quienes superen los 60 años podrán ser candidatos. Todo indica que el cambio no responde a una necesidad institucional, sino a una necesidad del poder.

Lo que sí queda clarísimo es que la constitución en Cuba se puede moldear y ajustar en base a las necesidades del poder.  Democracia a la cubana: Se aprueba por unanimidad una limitación propuesta por el propio Raúl Castro, y unos años después se elimina, también por unanimidad dicha limitación.