El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la ejecución de su mayor operativo en centros de trabajo en lo que va de 2025. Como resultado, fueron arrestados 1,023 trabajadores extranjeros que no contaban con autorización legal para laborar en el país.

Empresas bajo auditoría y fuertes multas

La operación se desarrolló de forma simultánea en múltiples estados. Además de los arrestos, ICE notificó a más de 1,200 empresas sobre la apertura de inspecciones laborales. Estas acciones se enmarcan en el proceso de verificación del Formulario I-9, obligatorio para todos los empleadores en territorio estadounidense.

Las autoridades propusieron multas que, en conjunto, superan los 980,000 dólares, como sanción por contrataciones irregulares. ICE aseguró que continuará las auditorías a escala nacional.

Detenciones en puertos y fábricas

En el Puerto de Lake Charles, en Luisiana, se arrestaron a once trabajadores indocumentados, procedentes de México, Nicaragua y Ecuador. Por otra parte, en Filadelfia, un control migratorio en un mercado de carnes derivó en la detención de cuatro ciudadanos brasileños sin estatus migratorio válido.

En Nueva Jersey, un operativo sin previo aviso en un almacén aduanero del Puerto de Nueva York/Newark permitió descubrir a 16 personas en situación migratoria irregular. Fueron detenidas de inmediato y puestas bajo custodia administrativa.

Investigación paralela por lavado de dinero

En Ohio, ICE trabaja junto a la división de Investigación Criminal del IRS en un caso que involucra a una presunta red de lavado de dinero. La organización, de origen chino, habría proveído mano de obra indocumentada a una fábrica local.

Durante la investigación se incautaron 14 propiedades, siete cuentas bancarias y 15 vehículos, utilizados para ocultar ganancias derivadas de la contratación ilegal.

Advertencia a empleadores y nuevas prioridades

Las autoridades recordaron que contratar de forma deliberada a personas sin autorización migratoria constituye un delito federal. También señalaron que los empleadores que explotan a trabajadores vulnerables dañan no solo la economía formal, sino también la seguridad nacional.

La agencia indicó que los controles en centros laborales se han intensificado en los últimos dos meses, como parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento de más de 400 leyes federales vinculadas a la inmigración.