El gobierno de Estados Unidos ha intensificado las redadas y arrestos de inmigrantes en el país, ampliando el criterio de detención más allá de aquellos con antecedentes penales.

Donald Trump, según reportes, ha expresado su descontento con la cantidad de migrantes detenidos en los primeros días de su mandato y ha ordenado aumentar las cifras hasta alcanzar entre 1.200 y 1.500 detenciones diarias.

Presión sobre ICE para incrementar detenciones

Desde el regreso de Trump a la presidencia, las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ido en aumento. En su primer día de gobierno, se reportaron 308 arrestos; días después, la cifra subió a 538 y, para el domingo pasado, se acercó a los 1.000. Sin embargo, el presidente ha exigido que la cantidad diaria de detenciones se triplique, asignando una cuota de 75 arrestos por día a cada una de las 25 oficinas de ICE en el país.

Este mandato ha generado inquietud entre activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que la presión sobre los agentes podría llevar a detenciones indiscriminadas, afectando no solo a personas con antecedentes criminales, sino también a migrantes sin delitos previos.

¿Quiénes están en riesgo de ser deportados?

La Casa Blanca ha insistido en que la prioridad de estas redadas son los migrantes con antecedentes penales, pero informes recientes sugieren que muchos de los detenidos no tienen delitos graves o, incluso, ningún historial criminal.

Datos obtenidos por NBC News revelan que, en un solo día, ICE informó de 956 arrestos, mientras que un alto funcionario de la administración indicó que la cifra real fue de 1.179. De estos, solo 613 tenían antecedentes criminales, lo que significa que más de la mitad fueron detenidos únicamente por su estatus migratorio irregular.

El temor se ha intensificado con la aprobación de la Ley Laken Riley, que amplía las razones por las cuales un inmigrante indocumentado puede ser detenido y deportado. La norma permite expulsar a personas acusadas de ciertos delitos, incluso si no han sido condenadas. Esto significa que alguien señalado por hurto, agresión a un oficial de policía o cualquier delito que cause lesiones podría ser deportado sin haber pasado por un juicio.

Redadas y temor en comunidades migrantes

Las nuevas políticas migratorias han generado pánico en comunidades de todo el país. En ciudades como Nueva York, Atlanta, Phoenix, Chicago y Los Ángeles, se han reportado operativos de ICE en viviendas, centros de trabajo y calles. Las detenciones han ocurrido a cualquier hora del día, y en algunos casos, han involucrado a personas que no estaban en la lista de prioridades del gobierno.

Las organizaciones de derechos civiles han denunciado que estas tácticas recuerdan a las medidas más agresivas de Trump durante su primer mandato, cuando se llevaron a cabo detenciones masivas sin distinción entre inmigrantes con o sin antecedentes.

Demócratas divididos ante las deportaciones masivas

El Congreso de mayoría republicana ha facilitado la implementación de estas medidas, pero dentro del Partido Demócrata las opiniones están divididas. Algunos legisladores han apoyado la Ley Laken Riley, argumentando que es una respuesta necesaria para reforzar la seguridad pública, mientras que otros han denunciado que la norma pone en riesgo las garantías procesales y puede llevar a deportaciones injustas.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez advirtió que esta ley podría llevar a la detención de personas basándose únicamente en acusaciones sin pruebas. “Si alguien señala con el dedo y acusa a otra persona de robar en una tienda, esta podría ser detenida y enviada a un centro de deportación sin derecho a juicio”, criticó en el debate legislativo.

¿Qué sigue?

La administración Trump ha reforzado la presencia de ICE con más de 5.000 agentes en todo el país y ha sumado a miembros del FBI y el Departamento de Justicia en los operativos de detención. En la frontera, se han desplegado 1.500 soldados adicionales para contener los cruces de migrantes.

A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, algunos sectores conservadores consideran que las deportaciones avanzan demasiado lento para alcanzar la cifra de 11 millones de expulsiones que Trump prometió en campaña.

El clima de incertidumbre y miedo se ha instalado en muchas comunidades migrantes, que temen que cualquier persona en situación irregular pueda ser arrestada en cualquier momento, incluso si nunca ha cometido un delito.