Miles de migrantes en Estados Unidos, entre ellos familias enteras de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, podrían ver un giro decisivo en su futuro si un tribunal federal emite un fallo favorable en los próximos días.

La decisión, que aún está en manos de tres jueces en Boston, tiene el potencial de detener miles de cancelaciones migratorias que ya comenzaron a ejecutarse bajo la actual administración.

Aunque el caso sigue abierto, lo que ocurra en esta etapa del proceso podría marcar la diferencia entre continuar en el país de forma legal o enfrentarse a detenciones, deportaciones o al retorno forzado a entornos de crisis.

Los migrantes esperan, con ansiedad creciente, que la justicia imponga límites a una medida que, de aplicarse en su totalidad, afectaría a más de medio millón de personas.

Qué está en juego: el parole humanitario

El programa en cuestión es el parole humanitario, una vía legal creada por el gobierno del expresidente Joe Biden.

Permitía el ingreso controlado de hasta 30,000 migrantes mensuales procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, siempre que cumplieran requisitos de seguridad, tuvieran un patrocinador en Estados Unidos y llegaran en avión, sin cruzar ilegalmente la frontera.

Este programa, que evitaba travesías peligrosas y aliviaba la presión en la frontera sur, ha sido uno de los principales objetivos de la política migratoria de Donald Trump desde su regreso al poder.

La administración republicana comenzó a revocar de manera masiva estos permisos sin evaluar cada caso individualmente.

La batalla legal llegó a Boston

Esta semana, el Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, escuchó los argumentos que podrían decidir si el gobierno de Trump actuó dentro de sus facultades al cancelar el parole humanitario de forma generalizada.

El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, defendió que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tenía la autoridad para eliminar el programa en su conjunto.

Afirmó que la Corte Suprema ya avaló, al menos de forma implícita, esa postura al permitir que se reactivaran las cancelaciones mientras continúa el juicio.

“Como la Corte Suprema ya reconoció implícitamente mediante una votación unánime, es probable que el gobierno prevalezca en apelación”, afirmó Ensign, citado por la agencia Reuters.

También señaló que esta corte “debería rechazar la descarada solicitud de los demandantes de desafiar a la Corte Suprema”.

Una jueza había frenado la medida

El 14 de abril, la jueza federal Indira Talwani, designada por Barack Obama, emitió una orden que bloqueaba de forma temporal la cancelación masiva del parole.

Consideró que la secretaria Noem debía actuar caso por caso y no podía eliminar el beneficio de forma categórica.

Esa decisión dio un respiro a más de 530,000 beneficiarios del programa.

Pero en mayo, la Corte Suprema suspendió ese bloqueo sin explicar sus fundamentos, permitiendo al gobierno seguir adelante con las revocaciones mientras el caso sigue su curso.

Qué dijeron los jueces de apelación

Los tres magistrados que integran el panel de apelación fueron nombrados por presidentes demócratas, lo que generó esperanzas entre los defensores del parole.

Sin embargo, durante la audiencia no ofrecieron señales claras sobre su postura.

El juez William Kayatta reconoció la complejidad del caso:

“Estamos en una situación inusual en la que se nos pidió recurrir a la Corte Suprema en busca de orientación… y solo se nos dio el resultado final”.

El abogado Justin Cox, representante de los migrantes, advirtió que la decisión de la Corte Suprema no impone una obligación de suponer que el gobierno ganará.

“El Primer Circuito estaría especulando si intentara asignarle un significado particular a esa votación unánime sin fundamentos”, sostuvo.

Qué puede ocurrir ahora

Si el tribunal de apelaciones respalda al gobierno, las revocaciones del parole seguirán su curso. Esto podría desembocar en la cancelación de permisos, el inicio de procedimientos de deportación y la detención de miles de personas, incluyendo a decenas de miles de cubanos.

El juez Gustavo Gelpí señaló que, incluso si la jueza Talwani gana esta apelación, el gobierno aún tendría herramientas para cancelar el parole por otras vías administrativas.

Aun así, el abogado Cox insistió en que un fallo a su favor tendría valor, aunque fuera limitado:

“Como mínimo, permitiría a nuestros clientes y a los miembros del grupo tener la dignidad de irse en sus propios términos, en lugar de estar sujetos a los tipos de procesos de deportación y detención que están sucediendo en este momento”.