Dos ciudadanos cubanos han perdido su última apelación en Estados Unidos para evitar ser deportados a Sudán del Sur, un país que el propio Departamento de Estado desaconseja visitar por la violencia interna y las violaciones de derechos humanos.
Junto a ellos, otros seis migrantes —entre ellos un mexicano— se encuentran detenidos en una base militar estadounidense en Yibuti desde finales de mayo.
Decisión judicial contra los migrantes
El fallo más reciente fue emitido el viernes por el juez federal Brian Murphy, en Massachusetts, quien denegó el recurso presentado por los abogados de los migrantes. Con ello, queda abierta la vía legal para que todos sean expulsados a Sudán del Sur. Pese a no tener vínculos con ese país en la mayoría de los casos.
De los ocho detenidos, solo uno es ciudadano sursudanés. El resto procede de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
El precedente del Tribunal Supremo
Aunque en mayo el juez Murphy había determinado que el gobierno de Donald Trump violó una orden judicial que prohibía la deportación a un país donde los migrantes pudieran ser torturados, el Tribunal Supremo anuló esa decisión el pasado jueves. Esta fue la segunda vez que la máxima instancia judicial avala la política de deportaciones a terceros países, aún sin vínculos directos con los migrantes.
La noche misma en que se conoció el fallo del Supremo, se presentó una apelación de urgencia, pero el propio juez Murphy la rechazó horas después.
Deportaciones exprés como política de Estado
Desde su regreso a la presidencia en enero de este año, Donald Trump ha reactivado con fuerza su agenda migratoria. La política de expulsiones rápidas hacia terceros países —sin garantía de defensa legal efectiva— ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y por juristas que advierten sobre la erosión del debido proceso.
Los casos recientes ilustran una tendencia preocupante. La de migrantes cubanos, y de otros países sin tratados de deportación vigentes, están siendo enviados a naciones con las que no tienen relación alguna. Incluso si estas se encuentran en conflicto armado o bajo regímenes cuestionados.
Riesgos y opacidad
Sudán del Sur, país al que Estados Unidos planea deportar a los ocho migrantes, atraviesa una escalada de violencia interna. Diversas ONG han denunciado torturas, desapariciones forzadas y represión a la disidencia. El Departamento de Estado mantiene su advertencia de “no viajar” a ese territorio.
Los detalles sobre la operación de traslado o la situación actual de los detenidos no han sido divulgados por las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, sus familias y defensores legales temen por su integridad una vez sean expulsados.
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