El presidente de los Estados Unidos lejos de detenerse cada vez va más lejos, y busca apretar más su política antiinmigrantes con nuevas disposiciones y medidas.

La administración del presidente Donald Trump ha propuesto una nueva medida que podría cambiar drásticamente el panorama migratorio en Estados Unidos: la cancelación masiva de solicitudes de asilo, con el objetivo de agilizar los procesos de deportación de cientos de miles de personas.

La iniciativa, aún en fase de revisión, daría mayor poder al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para cerrar casos sin necesidad de que los migrantes comparezcan ante un juez. De aprobarse, marcaría un giro histórico en el rol de la agencia, tradicionalmente encargada de tramitar beneficios migratorios, y ahora convertida en un brazo ejecutor de deportaciones similar a ICE.

Según fuentes citadas por CNN, la medida afectaría principalmente a quienes ingresaron al país de forma irregular y posteriormente solicitaron asilo. Con sus expedientes cerrados, estos migrantes quedarían expuestos a deportaciones aceleradas, muchas de ellas sin audiencia judicial previa.

Casi un millón y medio en riesgo

Actualmente, hay alrededor de 1.45 millones de solicitudes de asilo pendientes, y se estima que un 25 % de esos casos corresponde a personas que cruzaron la frontera sin autorización. Estas cifras, según datos federales, reflejan la magnitud del impacto que tendría esta propuesta si se implementa.

Aunque la legislación estadounidense permite a quienes huyen de la violencia o persecución pedir protección dentro del país, la nueva política limitaría el acceso a ese derecho. Según un memorando filtrado por CNN, la prioridad ya no será evaluar las solicitudes de protección, sino facilitar las expulsiones.

Deportación sin juez ni aviso

Uno de los aspectos más polémicos del plan es que permitiría la deportación de inmigrantes sin pasar por un juez de inmigración, lo que plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso. A esto se suma la ampliación del marco legal para aplicar la deportación rápida a cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar residencia continua en el país durante los últimos dos años.

Esto afectaría también a migrantes que llevan años trabajando legalmente, con empleadores, viviendas, familias y vínculos comunitarios establecidos. Muchos podrían ver sus casos descartados sin previo aviso, y ser expulsados sin opción de defensa.

Amplia oposición y temor entre migrantes

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sindicatos federales han alzado la voz contra la medida. Sarah Mehta, de la ACLU, criticó duramente la propuesta: “Están transformando la agencia encargada de brindar beneficios migratorios en un brazo de ICE.” En la misma línea, Michael Knowles, portavoz de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, aseguró que se trata de una violación de los principios básicos de protección reconocidos tanto por la ley nacional como por normas internacionales.

La propuesta de Trump, enmarcada en una estrategia de endurecimiento migratorio con miras a las elecciones, ha generado incertidumbre y alarma entre miles de solicitantes de asilo que hoy ven amenazada su permanencia en el país. Para muchos, el sueño americano podría terminar con una carta de expulsión.