La nueva legislación impulsada por los republicanos en el Congreso, y respaldada por el presidente Donald Trump, propone excluir del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a miles de inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos, incluidos aquellos con asilo político o parole humanitario.

Cambios radicales al acceso de beneficios sociales

Con más de mil páginas, la llamada “gran y hermosa ley” forma parte de la estrategia legislativa del presidente Trump para financiar sus recortes de impuestos y políticas migratorias. Entre sus medidas más polémicas está la de endurecer los requisitos para acceder a los cupones de alimentos (SNAP), un programa del que dependen cerca de 40 millones de personas en todo el país.

Actualmente, el SNAP ofrece en promedio 187 dólares mensuales por persona elegible para la compra de alimentos. Sin embargo, el nuevo proyecto plantea aumentar las exigencias laborales para los solicitantes y, lo más grave, restringir aún más la elegibilidad de ciertos inmigrantes con estatus legal.

¿Quiénes quedarían fuera?

Aunque el programa SNAP nunca ha estado abierto para inmigrantes indocumentados, sí ha permitido la inclusión de ciertos no ciudadanos bajo condiciones específicas, como haber vivido en Estados Unidos por más de cinco años, recibir ayudas por discapacidad o ser menores de edad.

De aprobarse la reforma, los migrantes con estatus de asilo o parole humanitario quedarían fuera de este beneficio, a menos que obtengan la residencia permanente. Este cambio afectaría de forma directa a decenas de miles de personas que llegaron legalmente y aún no han completado su proceso migratorio.

Congresistas de Florida habrían solicitado incluir una excepción para ciudadanos cubanos residentes permanentes, pero no se contempla extender esa protección a quienes aún se encuentran bajo parole o en trámite de asilo.

Más trabajo obligatorio, menos protección

El proyecto también establece que los adultos sin dependientes deberán demostrar que trabajan hasta los 64 años (hoy es hasta los 54) para poder mantener el beneficio. Además, los padres de niños menores solo estarán exentos de este requisito si el hijo tiene menos de 7 años, en lugar de los 18 actuales.

Estas medidas impactarían especialmente a madres solteras, trabajadores precarios y familias migrantes recién llegadas, que dependen de estos cupones mientras logran estabilizarse económicamente.

El costo recae sobre los estados

Hasta ahora, el programa SNAP ha sido financiado enteramente por el gobierno federal. Pero si el proyecto avanza, los estados deberán cubrir el 5% del costo total del programa a partir de 2028, además del 75% de los costos administrativos.

Y si un estado comete errores al asignar el beneficio —por ejemplo, si tiene una tasa de error del 10% o más— podría verse obligado a pagar hasta el 25% del programa. Este modelo introduce presión presupuestaria a nivel estatal y puede derivar en más rechazos o demoras en las solicitudes.

Trump endurece su política social contra los migrantes

La medida forma parte de una ofensiva más amplia del presidente Trump contra el acceso de inmigrantes a ayudas públicas. Además del SNAP, el proyecto también limita el acceso al Crédito Tributario de Prima, que ayuda a pagar seguros médicos en el mercado regulado (Marketplace), otro golpe para quienes no tienen aún residencia permanente.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya anunció su intención de llevar este proyecto a votación antes del feriado de Memorial Day. De aprobarse sin enmiendas, marcaría un antes y un después para miles de migrantes que hasta ahora podían alimentarse legalmente gracias al SNAP, y que ahora quedarían fuera por el simple hecho de haber llegado bajo una figura humanitaria.