La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el 22 de junio, por una mayoría de 6 votos contra 3, una resolución que permite al gobierno de Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes hacia terceros países, incluso si no son sus países de origen. La decisión revierte temporalmente una orden judicial previa que garantizaba a los migrantes la oportunidad de impugnar su expulsión ante los tribunales estadounidenses.

Migrantes enviados a Sudán del Sur pese al riesgo

El fallo se deriva de un caso en el que migrantes de Myanmar, Vietnam y Cuba fueron detenidos y posteriormente deportados a Sudán del Sur, una nación con altos niveles de violencia e inestabilidad desde su independencia en 2011. Los abogados de los migrantes alertaron que estos podían enfrentar tortura o incluso la muerte. A pesar de ello, la Corte Suprema permitió que se mantuvieran este tipo de deportaciones.

La jueza Sonia Sotomayor expresó una fuerte disidencia, argumentando que negar a los migrantes el derecho a ser escuchados constituye un riesgo inaceptable para sus vidas y un retroceso en las garantías legales mínimas.

El gobierno celebra una «victoria para la seguridad nacional»

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó el fallo como una “victoria para la seguridad y la protección del pueblo estadounidense”. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, aseguró que la medida permitirá continuar con la política de deportaciones masivas que la administración republicana considera esencial. “Es hora de poner en marcha los aviones de deportación”, declaró, subrayando que todo migrante con antecedentes criminales debe ser removido del país a cualquier destino que esté dispuesto a recibirlo.

Primeros cubanos deportados bajo esta vía

A principios de mayo, el ICE deportó a los cubanos Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones hacia Sudán del Sur. Ambos contaban con un historial delictivo grave, incluyendo homicidio, secuestro, tentativa de asesinato y tráfico de personas. El régimen cubano había rechazado su repatriación, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a buscar un país alternativo.

Este es el primer caso documentado de deportación de ciudadanos cubanos a un tercer país bajo el segundo mandato de Trump.

Más de 20 países se niegan a recibir deportados

El uso de países terceros para completar las deportaciones se ha vuelto cada vez más común debido a la negativa de al menos 23 naciones —entre ellas Cuba, Venezuela, Haití y China— a aceptar a sus ciudadanos expulsados. A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos, la administración Trump ha intensificado esta práctica. Argumentando que es clave para el control migratorio y la seguridad nacional.