Corte Suprema de Estados Unidos permite que Trump elimine en 28 estados la ciudadanía por derecho de nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que entre en vigor una polémica orden presidencial firmada por Donald Trump que redefine quién puede recibir la ciudadanía. La medida aplicará, inicialmente, en 28 estados.

El fallo, aprobado por 6 votos contra 3, limita la capacidad de jueces federales para suspender políticas de alcance nacional. Aunque no se pronunció sobre el fondo legal de la orden, la Corte eliminó uno de los principales frenos judiciales que bloqueaban su aplicación.

La disposición presidencial, firmada en enero al iniciar su segundo mandato, busca suprimir la concesión automática de ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense si sus padres no son ciudadanos. Con el fallo, se despeja el camino para que esta política comience a aplicarse en los estados que no la han impugnado judicialmente.

A pesar de ello, la orden no podrá ejecutarse de inmediato. El fallo entrará en vigor dentro de 30 días, tiempo durante el cual podrían surgir nuevos recursos legales. De hecho, ya se presentaron demandas colectivas en Maryland y Nuevo Hampshire para frenar su implementación.

Un mosaico legal en todo el país

La decisión de la Corte podría generar un sistema desigual, donde las reglas sobre ciudadanía varíen según el estado. Mientras algunos aplicarán la medida, otros seguirán reconociendo la ciudadanía automática por nacimiento, amparados en órdenes judiciales previas.

Aunque el tema de fondo —la constitucionalidad de la medida— no fue abordado en esta sentencia, los jueces dejaron abierta la posibilidad de que vuelva a analizarse en el futuro. De ser así, el caso podría marcar un antes y un después en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda.

Un golpe al poder judicial inferior

El texto de la jueza Amy Coney Barrett, autora del fallo, cuestiona el uso de mandatos judiciales de alcance nacional por parte de tribunales inferiores. Según la mayoría conservadora, estos fallos han sido una herramienta reciente y excesiva para detener políticas presidenciales.

Durante su primer mandato y ahora en su regreso, Trump enfrentó constantes bloqueos judiciales. El presidente ha criticado abiertamente a los jueces que suspendieron sus órdenes, calificándolos de parciales y obstaculizadores de su agenda.

Reacciones enfrentadas tras el fallo

El mandatario celebró públicamente la decisión. “Nuestro país debería estar hoy muy orgulloso de la Corte Suprema”, dijo Trump, prometiendo reactivar políticas que estaban paralizadas.

Desde el Congreso, el líder demócrata Chuck Schumer calificó la decisión como “un paso aterrador hacia el autoritarismo”. Advirtió que los legisladores deben intervenir para limitar el poder presidencial descontrolado.

Grupos legales como Democracy Forward aseguraron que continuarán utilizando recursos legales, como demandas colectivas, para proteger los derechos constitucionales. “Quedan varias vías para obtener alivio judicial”, declaró su presidenta, Skye Perryman.

Origen constitucional del principio de ciudadanía por nacimiento

La práctica de otorgar ciudadanía a quienes nacen en suelo estadounidense se basa en la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil. Esta garantiza que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana.

Esa interpretación fue reafirmada por la Corte Suprema en 1898 en el caso Wong Kim Ark. Desde entonces, ha sido una base clave del derecho de ciudadanía.

Sin embargo, la nueva orden de Trump desafía esa doctrina. Aunque temporalmente bloqueada por jueces de Seattle, Maryland y Massachusetts, ahora podrá entrar en vigor en la mayoría del país, salvo donde haya medidas judiciales activas.

Incertidumbre en los tribunales inferiores

Los jueces liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson disintieron de la mayoría. Sotomayor escribió que el fallo debilita el Estado de Derecho. “El tribunal abdica de su papel vital en la defensa de la democracia”, advirtió.

Mientras tanto, Barrett reconoció que aplicar diferentes reglas según el estado podría ser inviable, especialmente en casos donde los niños cruzan fronteras estatales o nacen fuera del lugar de residencia de sus padres. Pero dejó en manos de los tribunales inferiores decidir si las suspensiones más limitadas podrían ser adecuadas.