En la primera semana de la nueva administración republicana el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló cifras impactantes sobre las deportaciones de inmigrantes ilegales con antecedentes penales en Estados Unidos. Más de 7,000 personas fueron expulsadas del país en tan solo siete días, cumpliendo con la “promesa” del presidente de priorizar la seguridad nacional.

Deportaciones masivas en la primera semana de Trump

El DHS destacó que las expulsiones realizadas buscaban atender el compromiso de deportar “delincuentes violentos que se encuentran ilegalmente en el país”. Según sus informes, las fuerzas del orden deportaron y devolvieron a 7,300 extranjeros ilegales durante la primera semana de la administración.

En redes sociales, la agencia compartió detalles sobre las operaciones, subrayando la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Además, el pasado domingo se reportaron cerca de 1,000 arrestos de inmigrantes ilegales en todo el país, muchos de ellos vinculados a delitos graves. La agencia reiteró que estas detenciones forman parte de su estrategia para proteger a las comunidades locales.

Delitos más allá de los crímenes violentos

El DHS también precisó los delitos cometidos por los inmigrantes arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Aunque las expulsiones han priorizado a delincuentes violentos, los reportes indican que los crímenes van más allá de esta categoría. Entre los delitos registrados se encuentran asalto sexual, robos, tráfico de armas, violencia doméstica y sospechas de terrorismo.

No obstante, otros delitos menores también figuran en la lista de causas de deportación, como homicidio vehicular involuntario, conducción en estado de embriaguez (DWI) y posesión de sustancias ilegales. Según el DHS, estas acciones buscan no solo enfrentar amenazas graves, sino también fortalecer la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley.

Medidas adicionales en apoyo a la política migratoria

En estados como Florida, el gobernador Ron DeSantis ha respaldado estas políticas ampliando los poderes de las agencias locales para intensificar las detenciones y deportaciones. DeSantis busca reforzar las medidas federales implementadas por Trump, permitiendo que las autoridades estatales participen de manera más activa en la gestión migratoria.

Los vuelos de deportación ya han alcanzado destinos como México, Jordania, Brasil y El Salvador, mientras las operaciones continúan expandiéndose a lo largo del país. El DHS advirtió que la deportación masiva de migrantes ilegales con historial delictivo no solo es una prioridad, sino una estrategia clave para cumplir con las promesas de la administración actual.