Stephen Miller, quien es asesor cercano a Donald Trump en temas migratorios, ha sugerido a la Casa Blanca una deportación masiva que incluiría a personas con solicitudes de asilo aún sin resolver.
El planteamiento ha provocado reacciones inmediatas entre juristas, expertos en inmigración y políticos, que advierten sobre posibles violaciones a la Constitución y a las leyes vigentes.
Declaraciones que reavivan la controversia
Miller afirmó que si los millones de migrantes que viven de forma irregular en Estados Unidos fueran sometidos a procesos individuales de deportación, el sistema tardaría siglos en resolverlos.
Según su criterio, estas personas no habrían tenido un “debido proceso” al ingresar al país y, por tanto, no deberían acceder a procedimientos judiciales para permanecer en territorio estadounidense.
Estas palabras generaron críticas inmediatas, ya que el debido proceso está protegido por la Constitución y se extiende a cualquier persona bajo jurisdicción de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.
🚨Stephen Miller: «There’s 15 million illegal aliens.»
«If every one of them got the trial that you’re asking for, it would take CENTURIES to remove them!»
There wasn’t any due process bringing them, they don’t get any due process when kicking them out.
GTFO of my country. pic.twitter.com/nC4gTgOP5e
— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) December 24, 2025
El derecho al asilo bajo la ley estadounidense
Especialistas en inmigración recordaron que la legislación federal permite solicitar asilo incluso a quienes ingresan sin documentos. La forma de entrada no elimina ese derecho.
Aunque el proceso es complejo y una parte significativa de las solicitudes termina siendo denegada, la ley establece que cada caso debe ser evaluado individualmente por las autoridades competentes.
Varios analistas subrayaron que deportar a personas con casos abiertos vulneraría principios básicos del sistema legal estadounidense.
Reacciones políticas y advertencias legales
El debate se intensificó tras las declaraciones de legisladores opositores a la postura de Miller. Algunos advirtieron que ejecutar deportaciones mientras los casos de asilo siguen pendientes sería ilegal.
Desde este enfoque, se insiste en que ningún migrante puede ser expulsado sin una decisión final de un juez o una autoridad migratoria.
Un sistema migratorio desbordado
Estados Unidos enfrenta una acumulación histórica de casos en sus tribunales de inmigración. Actualmente, existen más de tres millones de procesos pendientes.
Dentro de esa cifra, cerca de un millón y medio corresponden a solicitudes de asilo que aún no han sido evaluadas. Los retrasos se explican por la falta de jueces, personal especializado y recursos administrativos.
Este colapso ha provocado esperas de varios años para miles de migrantes que permanecen en una situación legal incierta.
Entrevistas pendientes y bloqueo del proceso
Muchos solicitantes ni siquiera han podido realizar la entrevista de miedo creíble, un paso esencial para avanzar en el trámite de asilo.
Sin esa entrevista, los casos quedan estancados y las personas afectadas no reciben una respuesta clara sobre su futuro migratorio.
Expertos consideran que este cuello de botella agrava el desorden y aumenta la presión sobre el sistema.
Propuestas frente a la deportación masiva
Frente a las ideas de expulsiones inmediatas, distintos sectores plantean soluciones alternativas. Entre ellas, aumentar el número de jueces, contratar más oficiales de asilo y agilizar los procedimientos.
Para estos expertos, reforzar el sistema sería más eficaz que aplicar medidas drásticas que podrían violar derechos fundamentales.
Un debate cada vez más polarizado
La inmigración continúa dividiendo a la clase política y a la opinión pública en Estados Unidos. Mientras algunos defienden una aplicación estricta de la ley, otros priorizan el respeto al asilo y al debido proceso.
La discusión refleja la urgencia de una reforma migratoria que reduzca el colapso actual sin sacrificar garantías legales ni derechos humanos.