La cooperación entre fuerzas federales y locales en Florida dio lugar a una de las mayores operaciones de control migratorio de los últimos años. Casi 800 personas fueron arrestadas en diferentes puntos del estado.

La oficina del ICE en Miami describió el operativo como «sumamente exitoso» y destacó que se trata de una «asociación pionera» entre autoridades estatales y federales. Hasta ahora no se han ofrecido detalles precisos sobre el estatus legal de los arrestados ni sobre el perfil de los casos.

DeSantis celebra los arrestos y refuerza la colaboración con Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, elogió públicamente la operación. «Florida lidera la nación en la cooperación activa con el Gobierno de Trump en materia de control migratorio y operaciones de deportación», escribió en sus redes sociales.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha fortalecido las acciones contra la inmigración ilegal desde su regreso a la Casa Blanca.

Según datos oficiales, más de 200 agencias policiales estatales, del condado y municipales han firmado acuerdos de colaboración con el ICE. De ellas, más de 70 todavía tienen convenios pendientes de formalizar.

Presión a las autoridades locales para sumarse a los acuerdos con ICE

No todos los gobiernos locales han firmado de forma voluntaria. En lugares como Doral, donde vive una gran comunidad de venezolanos, los concejales aprobaron la cooperación con ICE entre fuertes críticas. «El estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no lo hacemos, nos amenazan con sanciones penales», explicó el fiscal municipal Lorenzo Cobiella.

En Fort Myers, un intento de rechazar el acuerdo fue revertido tras amenazas directas desde la fiscalía estatal, recordándoles que incumplir la ley podía derivar en su destitución.

Crece el temor en universidades y comunidades de inmigrantes

La colaboración con ICE también ha llegado a los campus universitarios. Varias universidades de Florida anunciaron que sus policías de campus firmaron acuerdos de cooperación, lo que ha generado alarma entre los estudiantes internacionales.

Todo esto ocurre mientras cientos de visas estudiantiles han sido revocadas en todo el país, en un clima de creciente incertidumbre para quienes residen legalmente pero temen ser afectados por errores o excesos en la aplicación de las normas.

Casos federales contra funcionarios que se niegan a colaborar

El Departamento de Justicia ha comenzado a procesar a funcionarios acusados de obstaculizar los operativos migratorios. La jueza Hannah Dugan, en Wisconsin, fue arrestada por supuestamente ayudar a un inmigrante a evitar su captura. También en Nuevo México, el exmagistrado Joel Cano y su esposa enfrentan cargos por alterar pruebas relacionadas con un caso de inmigración.

Estos procesos buscan enviar un mensaje claro: cualquier resistencia a la política migratoria federal puede tener consecuencias legales serias.