Millones de personas que dependen de Medicaid en Estados Unidos podrían estar bajo vigilancia. Un acuerdo recientemente revelado permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a información personal de todos los inscritos en el sistema, con el fin de identificar a inmigrantes sin estatus legal.

La medida, que afecta a más de 79 millones de personas, incluye datos sensibles como nombres, direcciones, fechas de nacimiento, número de Seguro Social, origen étnico y hasta registros médicos. Todo ello autorizado por un pacto entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según confirmó la agencia AP.

Un nuevo nivel en la ofensiva migratoria

Esta decisión marca un punto de inflexión en la política migratoria de la administración Trump, que busca ejecutar hasta 3,000 arrestos diarios. Para ello, el gobierno ha empezado a utilizar registros de salud pública como herramienta de localización, pese a los riesgos legales y éticos que implica.

“El acceso de ICE a esta base de datos permitirá conocer identidad y localización de extranjeros que hayan sido previamente detectados por la agencia”, señala el texto oficial del acuerdo firmado por ambas entidades.

Rechazo en los estados y advertencias legales

Desde varios estados se ha expresado un rechazo frontal. Gobernadores como Gavin Newsom (California) calificaron la medida de “potencialmente ilegal”, y advirtieron que puede violar la Ley de Privacidad de 1974 y otras normativas que regulan el uso de datos médicos.

En Illinois, donde Medicaid cubre a cerca de 30,000 personas indocumentadas, funcionarios locales se declararon “profundamente preocupados”. Advirtieron que esta intromisión puede disuadir a muchas personas de buscar atención médica por temor a represalias migratorias.

“Es inhumano atacar a familias por ir al médico”

Voces críticas desde el Congreso también se hicieron oír. La representante Laura Friedman denunció que “nunca deberíamos usar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra”. Para activistas, esta política representa una amenaza directa al derecho a la salud y a la confidencialidad médica.

En un memorando interno, incluso altos funcionarios del propio Medicaid expresaron su desacuerdo. “Esto es una violación peligrosa de la confianza entre pacientes y sistema de salud”, escribió Sara Vitolo, subdirectora de la agencia, el pasado 6 de junio.

Consecuencias devastadoras

Expertos en inmigración alertan de que esta acción no solo expone a personas sin documentos, sino también a quienes están en proceso de legalización o a punto de obtener la ciudadanía. El miedo a ser rastreados podría paralizar por completo el acceso médico en miles de comunidades.

Desde el DHS, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin defendió la medida como parte de una estrategia para “asegurar que los beneficios de Medicaid estén reservados para ciudadanos que cumplen la ley”. Pero exfuncionarios del CMS recordaron que ese departamento “no tiene ninguna autoridad sobre Medicaid”, y alertaron del precedente que puede sentar.

Cuando ir al médico se convierte en un riesgo

Organizaciones de derechos civiles han denunciado que este movimiento profundiza la criminalización de la pobreza y la migración. “El mensaje es claro: ni con el seguro médico estaremos seguros”, advirtieron desde varias ONG.

Para muchas familias migrantes, esta decisión no es solo un golpe legal. Es una advertencia: incluso la salud puede ser usada en su contra.