Ya ni la ciudadanía americana te da total seguridad. La administración de Donald Trump ha dado luz verde a una política que cambiará para siempre la vida de miles de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos.

Bajo nuevas directrices del Departamento de Justicia (DOJ), los fiscales deberán priorizar los casos de desnaturalización. Incluso a través de demandas civiles donde los acusados no tienen derecho a un abogado de oficio.

Crímenes graves y fraude en la mira

El memorando, firmado por un alto funcionario del DOJ, ordena que se actúe con firmeza en todos los casos respaldados por pruebas. Las prioridades incluyen a quienes obtuvieron la ciudadanía mintiendo en el proceso. O que luego cometieron delitos como abuso infantil, terrorismo, crímenes de guerra, o pertenencia a pandillas.

Bastaría una denuncia o delación por parte de un tercero para que se revise el expediente de alguien que ya tiene la ciudadanía americana. Si se comprueba que en realidad mintió a USCIS puede perder su pasaporte americano.

Según la administración, la medida busca “proteger la integridad” de la ciudadanía estadounidense y asegurar que quienes la obtienen cumplan con los valores del país.

Riesgos para miles de familias

Sin embargo, abogados migratorios y activistas denuncian que esta política puede sentar un precedente peligroso. Temen que se trate de crear una ciudadanía de “segunda clase” para los naturalizados, más vulnerable que la de quienes nacieron en el país.

Incluso los hijos nacidos en Estados Unidos de padres desnaturalizados podrían quedar en un limbo legal, si se cuestiona la validez del proceso de naturalización de sus padres.

Un caso que encendió las alarmas

Uno de los ejemplos citados por el DOJ es el de un veterano del ejército que fue despojado de su ciudadanía tras descubrirse que había cometido un delito grave contra menores antes de naturalizarse. Actualmente, se encuentra sin nacionalidad y sin derecho automático a residencia legal, a pesar de haber servido en las fuerzas armadas.

Parte de una estrategia más amplia

Esta iniciativa se enmarca en un plan más ambicioso del presidente Trump para restringir la inmigración legal, reforzar el control migratorio y revisar quién puede ser considerado verdaderamente “estadounidense”.

La política ha provocado una fuerte respuesta entre comunidades de inmigrantes y defensores de derechos civiles. Advierten del impacto que podría tener en miles de familias que creían haber cerrado su proceso migratorio de forma definitiva.