Una jueza de Washington frenó de manera temporal la ampliación de las expulsiones aceleradas impulsadas por Donald Trump, que buscaban aplicarse en todo el país.
Un revés judicial para la Casa Blanca
La jueza federal Jia M. Cobb dictaminó que el gobierno no puede ignorar el debido proceso al deportar inmigrantes. En un fallo de 48 páginas, cuestionó la interpretación oficial que pretendía negar derechos constitucionales a quienes entraron de forma irregular.
Cobb calificó esa postura de «sorprendente y peligrosa», advirtiendo que aceptar semejante argumento dejaría sin protección no solo a los migrantes, sino a toda la sociedad.
La política de expulsión inmediata
En enero, Trump reactivó la “expulsión inmediata”, una herramienta usada también en su primer mandato. Esta medida permitía a los agentes de inmigración deportar sin audiencia judicial a personas incapaces de demostrar al menos dos años de presencia continua en Estados Unidos.
Hasta ahora, el mecanismo se aplicaba a quienes eran detenidos cerca de la frontera y con menos de 14 días en el país. El nuevo alcance planteado por la Casa Blanca abría la puerta a deportaciones exprés en cualquier parte del territorio, lo que multiplicaba el número de afectados.
Para la jueza, esta expansión creaba un «riesgo intolerable» de errores, en particular para quienes llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos.
La demanda de las organizaciones civiles
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make the Road New York llevaron el caso a los tribunales. Argumentaron que la medida violaba la Quinta Enmienda y también normas migratorias vigentes.
La jueza coincidió en un aspecto central: no es posible aplicar un procedimiento sumario a residentes con años de permanencia, porque los priva de toda defensa legal.
Impacto en los planes de Trump
La suspensión judicial complica la promesa del presidente de ejecutar la mayor operación de deportación interna de la historia, con la meta de expulsar a un millón de personas en un año.
El recurso de las expulsiones exprés era visto como clave para reducir costos y acelerar el proceso. Con el fallo, el gobierno queda limitado a usarlo únicamente en los casos previstos desde hace décadas: migrantes detenidos en la frontera o en sus inmediaciones.
Antecedentes y contexto
La deportación acelerada existe desde 1996 como refuerzo al control fronterizo. Aunque se permite alegar temor de persecución para pedir asilo, la revisión de esos casos siempre ha sido mínima.
Trump intentó expandir el mecanismo en su primer mandato, pero enfrentó varios bloqueos judiciales. En 2020 logró aplicarlo parcialmente, aunque solo se deportaron 17 personas bajo ese esquema antes de dejar la presidencia. Con Joe Biden, la medida quedó anulada.
Más recientemente, la jueza Cobb también frenó intentos de acelerar expulsiones de migrantes con permisos temporales, al considerar que podían derivar en violaciones masivas de derechos.
Un debate abierto
La decisión coloca nuevamente en primer plano la tensión entre la política migratoria restrictiva de Trump y las garantías constitucionales que amparan a toda persona en Estados Unidos.
“La expansión de esta política prácticamente deja a los migrantes sin defensa. El gobierno está pisoteando derechos básicos”, denunció la ACLU tras conocerse el fallo.
La batalla judicial sigue, pero el mensaje es claro: los planes de deportaciones masivas del presidente se enfrentan a los límites que impone la Constitución estadounidense.